La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 136 de 2025 por no cumplir el requisito constitucional del artículo 214.1, que exige la firma del presidente y de todos los ministros competentes para validar decretos legislativos. En este caso, el decreto carecía de las firmas necesarias, específicamente de los ministros con competencia para suscribirlo. Aunque el decreto buscaba destinar recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) para atender la crisis derivada de la situación de orden público en el Catatumbo y áreas cercanas, la falta de formalidad afectó su validez. La Corte moduló los efectos para proteger contratos en ejecución y los recursos ya comprometidos, ordenando reincorporar los cambios presupuestales no comprometidos a su destino original, con el fin de proteger el interés general y la estabilidad institucional. Descargar texto
La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023 por incumplir el principio de unidad de materia, fundamento constitucional que exige que las normas contenidas en una ley, especialmente en el Plan Nacional de Desarrollo, guarden una conexión directa e inmediata con los objetivos y contenidos del plan. La modificación de la temporalidad de la contribución nacional de valorización, con carácter tributario, no tenía una relación teleológica estrecha con las metas y programas del Plan Nacional de Desarrollo, ni quedó clara la necesidad de alterar el régimen anterior. Además, se protegió la seguridad jurídica y las garantías democráticas al no aprobarse tales cambios tributarios en instancias ordinarias con la debida deliberación. Por ello, la Corte ordenó la reviviscencia del inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, que regulaba originalmente la contribución nacional de valorización, preservando así el principio de reserva legal tributaria y la confianza legítima de los ciudadanos. Descargar texto
La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las expresiones “prevalecerán y” y “de constitucionalidad” contenidas en el literal h) del artículo 2 del Decreto Ley 1094 de 2024 (reconoce el mandato de la Autoridad Territorial Económica y Ambiental- ATEA, instrumento de derecho propio expedido por las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC) porque violan el principio de supremacía constitucional.
La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad parcial del Decreto Legislativo 106 de 2025, que adopta medidas para garantizar medios de vida y producción de alimentos mediante financiamiento, crédito y alivio de pasivos en el sector agropecuario afectado por la situación de orden público en la región del Catatumbo. La Corte consideró que el decreto cumple con los requisitos formales, pues fue dictado en desarrollo del estado de conmoción interior declarado en el Catatumbo y áreas aledañas.
El Centro de Estudios Constitucionales (CEC) fue creado por la Corte Constitucional mediante el Acuerdo No. 02 de 2025, que reglamenta su organización, estructura y finalidad, comenzando su funcionamiento desde el 13 de mayo de 2025. El CEC tiene como objetivo principal promover la investigación, estudio y divulgación de la Constitución y la jurisprudencia constitucional, desde una perspectiva democrática, interdisciplinaria e innovadora. Sus actividades están dirigidas a la Corte, la comunidad jurídica y académica, servidores judiciales, funcionarios públicos y la ciudadanía en general. Además, busca fortalecer la cultura constitucional, facilitar el acceso al conocimiento constitucional, y contribuir al desarrollo del derecho constitucional a nivel nacional e internacional. Entre sus funciones destacan la elaboración de informes técnicos, realización de talleres y publicación de materiales sobre derecho constitucional.