Sección 3 (2588)
El actor solicitó indemnización de perjuicios por la omisión de Ingeomias y la Alcaldía de Jericó (Boyacá) de hacer cumplir el amparo administrativo otorgado en favor del demandante para impedir la explotación ilegal por parte de terceros de los yacimientos de carbón y demás minerales ubicados en el área comprendida en el contrato de concesión celebrado entre aquel e Ingeominas.
“Las acciones posesorias de carácter policivo surgen en virtud de la función de policía, con el fin de preservar el orden público y evitar la perturbación de la posesión y la tenencia, y cuya regulación la complementan los procedimientos señalados en los Códigos de Policía
“En una controversia contractual, para probar la ocurrencia del daño no basta con la afirmación indefinida de no pago de los honorarios, pues a la parte demandante también le corresponde demostrar, de manera clara y precisa, que la obligación de pagarlos se configuró. Además,
Para el Consejo de estado procede la nulidad parcial del acto de EMP SA ESP que declaró la caducidad del contrato y lo liquidó unilateralmente, en cuanto ordenó hacer efectivo el amparo de anticipo a cargo de la aseguradora sin que se hubiera acreditado un uso o apropiación
La Sala destacó que en el contrato de obra por administración delegada, el administrador delegado, se encarga, por cuenta y riesgo del contratante, de la ejecución del objeto convenido, figura que por ende entraña la relación contractual propia del mandato, pues en los términos
“Las rondas hídricas se pueden definir como uno de los elementos naturales de las corrientes de agua que, al integrar el elemento constitutivo que a su vez hace parte del espacio público, resultan de suma importancia como áreas para la conservación y preservación del sistema
“En el ámbito de la contratación estatal, dentro de los postulados que rigen el principio de economía, se estableció en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 que “[e]n las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se
La Sala explicó por qué la ANM al fijar un procedimiento para la radicación de solicitudes de minería en ejercicio del derecho de prelación, modificó el Código de Minas y, consecuentemente, violó la normativa superior. Para la Alta Corte “es válido afirmar que, para “hacer valer” el derecho de prelación previsto en el Código de Minas, entendido como la preferencia para lograr el otorgamiento de la concesión para la explotación de yacimientos mineros ubicados en zonas mineras indígenas o negras, resulta necesario
La Sala analizó varias figuras, entre ellas: La confianza legítima frente a las actuaciones y decisiones de la Administración en su actividad precontractual y la viabilidad jurídica de introducir una modificación al pliego de condiciones sin instrumentarla en una adenda expedida por funcionario competente. El Despacho consideró que, al dar respuesta a las observaciones formuladas al pliego de condiciones, en realidad se introdujo una modificación a la regla establecida para acreditar la experiencia mínima del personal ofrecido como requisito habilitante.
El Banco Inmobiliario Metropolitano de Barranquilla y la sociedad Urbanicasa S.A., celebraron un convenio de asociación, cuyo objeto era: aunar recursos técnicos y logísticos para promover y apoyar la adquisición de viviendas de interés social tipo I y tipo II, en la urbanización María de los Ángeles situada en la prolongación de la Murillo, contigua al portal de Soledad del Transmetro, en el área metropolitana de barranquilla.
