Sección 3 (2588)
El 23 de octubre de 2013, Iván Cepeda Castro y otros ciudadanos en representación de diversas organizaciones presentaron una acción popular en contra de MinMinas y la ANM, al pretender, entre otras, que se suspendiera la radicación de solicitudes de concesión minera o se tuvieran por no presentadas y, además, se suspendiera el otorgamiento de unos títulos mineros. En Auto de 30 de octubre de 20134, la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, y en Auto de 16 de junio de 2014 vinculó y ordenó su notificación a MinAmbiente y del Interior y a la ANLA, pero “no vinculó a los diferentes afectados, es decir, a los diferentes gremios mineros que agrupan y representan los intereses de la minería en Colombia, ni a los grandes, medianos y pequeños mineros que tienen en trámite solicitudes de contratos mineros”. Correspondió a la Sala establecer, luego de verificados los requisitos de procedencia de la acción de tutela, si la Sección Primera del Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental, al no vincular en la acción popular No. 2013-02459-00/01 como litisconsorcio necesario o tercero con interés a ASOMINEROS, la cual se consideró afectada con la Sentencia de segunda instancia de 4 de agosto de 2022.
“Para la suspensión del proceso por prejudicialidad en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se debe acreditar que la sentencia que debe proferirse en el proceso depende de la decisión de otro proceso, puesto que la cuestión debatida en este último resulta
Para la Sala, la reclamación indemnizatoria de Consultores Auditores Integrados – CAI Ltda. se enmarcó en una relación contractual de servicios de revisoría fiscal con la Unión Temporal Nueva Clínica Fray Bartolomé de las Casas, “por lo que no cabe duda de que se trata de
Se cuestionó la nulidad del acto a través del cual la UNGRD declaró el incumplimiento parcial de un contrato de compraventa e impuso una multa a la contratista, así como el acto a través del cual esa Unidad confirmó su decisión, al considerar que se expidieron con falta de
La cláusula cuarta del contrato establecía que el contratista tenía derecho a una remuneración correspondiente al quince por ciento (15%) del valor a recaudar o recaudado por concepto de impuesto predial que "esté por encima de lo estimado por el municipio en el 2008 por
La Sala reiteró que la imputación de responsabilidad al Estado por los daños antijurídicos derivados de la ocurrencia de fenómenos de éste tipo dependerá de que se establezca su previsibilidad y resistibilidad en conjunto con la inactividad del Estado que, conocedor de la
La Sala explicó que con fundamento en el artículo 44 de la Ley 80 de 1993 (EGCAP), “los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho común y además” en los casos previstos en el EGCAP, como ocurre cuando los contratos se celebren
“El 22 de junio de 2005, el demandante ingresó a la ESE Hospital Local de Arjona para que le practicaran los procedimientos de remoción de su útero – y hernia en su pared abdominal. Durante el procedimiento médico, el electrobisturí cuya placa aislante reposaba en la pierna
La Sala recordó que el soporte sobre el que se estructura el régimen contractual, incluida la contratación pública, es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la
La Sala destacó que el artículo 6 del Decreto Ley 2375 de 1974 exoneró a la industria de la construcción de la obligación de contratar aprendices del SENA y, en su lugar, ordenó la creación del Fondo Nacional de la Industria de la Construcción -FIC, a cargo de los empleadores
