Sección 3 (2588)
La Sala Cita el numeral 6 del artículo 104 del CPACA, el cual dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce “los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos
La Sala preció que precisar que, si bien la actora aduce que el Tribunal accionado incurrió en un error el encontrar acreditado que el 26 de mayo de 2016, el Consorcio Proyectos Civiles 2015, había dado cumplimiento a los requisitos necesarios para que se aprobara el
La Asociación Integral de Mineros del Norte de Boyacá -ASOMINB- presentaron demanda contra la ANM y la Sociedad Americana de Minerales de Exportación – AMERALEX Ltda., con el fin de que se declare la inexistencia o nulidad de un contrato de concesión de
“Es palmario que la medida de suspensión provisional infringe la regla establecida en el artículo 230 del CPACA, relativa a la necesaria y directa relación que debe guardar aquella con las pretensiones de la demanda, cuestión que no se cumple en el caso aquí analizado, como lo
A partir de los elementos probatorios allegados no es posible catalogar el desbordamiento del arroyo León como un hecho atribuible a un evento de fuerza mayor ajeno a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, pues no hay prueba alguna que acredite que para el mes
El BBVA solicitó, entre otras pretensiones, que se declarara la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales le fue negada una solicitud de celebrar un contrato de estabilidad jurídica. Como la Resolución No. 12 de 2012 –mediante la cual el Comité de Estabilidad
De acuerdo con la providencia, la ANLA no vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes, puesto que en contra del oficio 2022292914-2-000 del 27 de diciembre de 2022 no procedían los recursos de reposición y apelación, motivo por el que negó las
Las partes suscribieron un contrato de prestación de servicios con el fin de que la sociedad OCEPAYS “agenciara” los recursos del impuesto predial en el ente territorial; la contratista demanda a su contratante para que se liquide judicialmente el contrato y se le reconozca el
Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la Sala explicó que “según nuestro ordenamiento, la transacción es a la vez un contrato (artículo 2469 CC) y un modo de extinguir obligaciones (artículo 1625 CC). En tanto el acuerdo busca precaver un litigio en el cual las partes puedan poner fin total o parcialmente a la incertidumbre en la relación negocial, sin que se considere que hay una transacción cuando se renuncia a un derecho que no se disputa. Por ello, para que exista una transacción se requiere: (I) que haya un derecho dudoso o una relación jurídica incierta; (II) que las partes tengan la voluntad de modificar esa relación incierta, por una cierta y firme y (III) que las partes hagan concesiones recíprocas. Además, la transacción produce efectos de cosa juzgada en última instancia (artículo 2483 CC). Si las partes, con capacidad dispositiva, no resuelven todas las incertidumbres, los asuntos que subsistan, habilitan acudir a la justicia. La transacción es, pues, una convención que en ocasiones puede no eliminar todos los asuntos en controversia”.
El convocante (Cerro Matoso S.A.), señaló que, en virtud de que lo suscrito “fue un contrato de aporte y no un contrato de concesión, el artículo 8 de la Resolución 293 de 2015 no le resulta aplicable. Además, esta fue posterior a su celebración, por lo que no podía aplicarse retroactivamente. El Acuerdo de 1985 tampoco le es aplicable al Contrato 051-96M, pues el Acuerdo fue anterior al contrato y cuando se celebró el Otrosí de 2011 al Acuerdo de 1985 no había iniciado la explotación bajo el Contrato suscrito y, por lo tanto, Cerro Matoso no estaba obligada a pagar regalías bajo dicho contrato”.
