Sección 3 (2588)
La Sala indicó que al igual que lo dispuesto en el actual Código de Minas (Ley 685 de 2001), el anterior Código de Minas (Decreto 2655 de 1988) estableció un “sistema de inscripción, autenticidad y publicidad de los actos de la administración y de los particulares que tengan
Para la Sala, “el yerro invocado por la parte actora a partir de una discrepancia en la interpretación del artículo 209 de la Ley 223 de 1995 sobre la causación del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco, que debió aplicar el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho, lo
“La diferencia entre convenio y contrato administrativo radica en que en los convenios se busca cumplir, de manera conjunta, las funciones a cargo de las entidades públicas que suscriben el acuerdo o prestar los servicios que les han sido encomendados por la ley, mientras que
Para la Sala fue claro que la verificación realizada por el Comité de Estabilidad Jurídica fue adecuada y ajustada a derecho, pues, “la solicitud presentada por Electricaribe SA ESP pretende la estabilidad jurídica de las normas que rigen su actividad sin que en modo alguno
En este caso, el actor intentó la acción de simple nulidad en contra de varias resoluciones proferidas por el municipio de Magangué, en las cuales declaró el incumplimiento contractual e impuso multas a la demandante (Unión Temporal Comfamiliares en Salud), en el marco de
La convocante solicitó y reclamó la definición del alcance de las obras de mantenimiento pactadas bajo el adicional y desde cuándo esas obligaciones se hacían exigibles para la concesionaria. A su vez, la demandante en reconvención pidió que se decretara el incumplimiento de
“La Sala unificó su jurisprudencia en el sentido de señalar que la decisión definitiva del administrador del Fosyga –sobre las solicitudes de recobro por concepto de suministro de medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no incluidos en el POS, autorizados por el
De un lado, la Sala explicó que “no cualquier variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato, comoquiera que existen riesgos propios que se derivan de la actividad contractual, los cuales deben ser asumidos por
La Ley 9 de 1979 señala que en todo lugar de trabajo y frente a toda clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización o prestaciones, se deben adoptar las medidas de higiene y seguridad necesarias para prevenir, la ocurrencia de incendios, las cuales están
En el caso objeto de estudio, la parte actora le atribuye la vulneración de su derecho fundamental de petición a la Presidencia de la República, por la supuesta omisión en la respuesta a unas solicitudes que elevó el 10 de noviembre de 2022. La Sala observó que en efecto, el 10