Sección 3 (1909)
Comoquiera que los hechos que dieron lugar al procedimiento administrativo sancionatorio en el cual se expidieron las resoluciones, cuya anulación se pretende están relacionados con el presunto incumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones contractuales, lo
Las sociedades demandantes, integrantes de un Consorcio, celebraron un contrato de obra con el entonces Fondo de Educación y Seguridad Vial, con el objeto de diseñar y construir intersecciones viales en varios puntos de Bogotá. Pese a que el contratista cumplió cabalmente
Precisiones del Consejo de Estado en cuanto a la a tradicionalidad minera y el correspondiente contrato de concesión. De acuerdo con la providencia, “en vigencia del artículo 165 de la Ley 685 de 2001 se podría admitir que el Estado aceptaba la tradicionalidad de la actividad
Para la Sala, resultó oportuno recordar que la jurisprudencia de la Sección ha diferenciado las modalidades de liquidación del contrato bilateral y unilateral, en cuanto: “(I) la primera se alcanza de mutuo acuerdo, mediante un consenso entre las voluntades de las partes del
Las partes celebraron un contrato de obra vial y una vez culminado el plazo de ejecución la entidad declaró el siniestro de incumplimiento por deficiencias constructivas. El contratista pretende la nulidad de esa decisión y el restablecimiento del equilibrio económico del
En el presente caso, el actor sostuvo que con la entrada en vigencia del Decreto 563 de 2007, le fueron generadas una serie de actividades que no fueron contempladas en su oferta económica, lo cual trajo consigo una consecuencia económica que desequilibró la ecuación
“Al respecto la Sala resalta que la cláusula penal de estimación anticipada de perjuicios tiene una función meramente compensatoria, a diferencia de la cláusula penal sancionatoria la cual tiene una función compulsiva y se constituye como un mecanismo de sanción
La Sala evidenció que a los cinco años de haber iniciado la etapa de explotación, mediante Resolución de la ANM se impuso multa al concesionario Pedro Eduardo García Realpe, equivalente a 155 SMLMV, con base en la omisión en el cumplimiento de varias obligaciones
La Sala confirmó la negativa de ordenar el reembolso de dineros, formulada por el INVÍAS, porque no se probó que los valores pagados por el Municipio de Santiago de Cali correspondieran a rubros distintos de la devolución de los dineros no invertidos en las obras objeto del
“La decisión obedece al recurso extraordinario de revisión que interpuso el Invima contra el fallo condenatorio que le impuso un juez administrativo del circuito de Ibagué, que fue ratificado por el Tribunal Administrativo del Tolima. Según el juicio de reparación, la entidad