Sección 3 (2587)
La Sala negó la demanda, dado que no se aportó al proceso copia del convenio interadministrativo sujeto a la interventoría, “de modo que no resulta posible establecer a ciencia cierta cuáles fueron las obligaciones que derivaron de este y si el interventor cumplió o no las obligaciones de vigilancia respecto de su debida ejecución, razón adicional que impide la prosperidad de las pretensiones e impone la confirmación del fallo apelado”.
La Sala advirtió que la autoridad judicial accionada no transgredió las normas señaladas por el accionante (Ley 1333 de 2009 y Ley 99 de 1993), en tanto estas hacen referencia al procedimiento sancionatorio ambiental. Por el contrario, la autoridad judicial accionada aplicó adecuadamente el numeral 76.9. del artículo 76 de la Ley 715 de 2001. De acuerdo con lo anterior, el tribunal accionado señaló que los municipios ostentan la responsabilidad principal y directa en la prevención y en la atención de desastres, por lo que deben tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del medio ambiente, prevenir y atender los desastres en su jurisdicción, y adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos. Otra cosa es que exista un procedimiento sancionatorio ambiental a cargo de otras autoridades, lo cual no releva al municipio de las funciones que le atribuye la Ley. Por otra parte, el accionante afirma que el tribunal accionado transgredió la Ley 810 de 2003 que regula las funciones de los curadores urbanos, pues se "da a entender que las omisiones en que incurrió el curador son imputables al Municipio de Bello".
“El artículo 164 del CPACA establece los plazos para acudir a la jurisdicción en materia de contratos y estos no están gobernados por la existencia de certeza o no sobre el pago de las prestaciones; la Sala reitera que en el presente caso no es viable acudir a las reglas previstas para aquellos contratos que requieren liquidación porque la pretensión fundamental de la demanda, de la cual dependen necesariamente las demás, es la declaración de existencia del negocio jurídico, frente lo cual resulta inaplicable el plazo de liquidación para efectos de la contabilización de la caducidad. La suspensión del término de caducidad de que trata el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 opera desde que se presenta la solicitud de conciliación hasta que se expiden las constancias de imposibilidad de acuerdo, sin exceder de tres (3) meses”.
El 27 de junio de 2000, la UTDUC y el municipio de Sabanalarga suscribieron un contrato “de concesión” del “amoblamiento urbano” del municipio, con un plazo de vigencia de 25 años, el cual sería financiado con el 25% del recaudo del impuesto de industria y comercio, y el 100% de su complementario de avisos y tableros. En el contrato, el particular fue facultado para explotar los bienes que hacían parte del “amoblamiento urbano” mediante publicidad visual exterior, y percibir sus ganancias como parte de su contraprestación. La Sala encontró que, al margen del nombre que le dieron las partes, “el negocio jurídico analizado dentro del presente asunto dista de ser una concesión, fundamentalmente porque su modo de remuneración involucra exclusivamente ingresos corrientes tributarios de libre destinación del Municipio, concretamente una cuarta parte de lo que la entidad territorial recaude mensualmente por concepto de impuesto de industria y comercio, y la totalidad de lo que perciba en virtud del impuesto complementario de avisos y tableros”.
El Tribunal de arbitramento declaró de oficio la nulidad absoluta del contrato de compraventa celebrado entre las partes el 20 de noviembre de 2017, por violación de norma imperativa y causa ilícita. Disproyectos y el FNA celebraron un contrato de compraventa de cartera cuyo objeto consistió en la venta de obligaciones de cartera hipotecaria judicializada.
La Sala anuló parcialmente los incisos primero y segundo del artículo 1 de la Resolución CRA 541 de 2011 por ser contrarios al artículo 9 de la Ley 632 de 2000, por el hecho de permitir o autorizar la inclusión de cláusulas de áreas de servicio exclusivo en los contratos de concesión que se suscriban para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital de Bogotá, para actividades de recolección y transporte de residuos ordinarios generados por grandes productores en el área urbana de dicho distrito. El acto administrativo acusado excedió lo permitido por el señalado parámetro de control, pues, autorizó la asignación de áreas de servicio exclusivo respecto de las actividades de recolección y transporte de residuos ordinarios generados “por grandes productores” en el área urbana del Distrito Capital.
Los demandantes buscaron la reparación patrimonial por las lesiones sufridas a un ciudadano ocurrida el 15 de septiembre de 2010 en la subestación eléctrica de Dosquebradas (Risaralda), con ocasión de una descarga eléctrica que produjo quemaduras en más del 50% de su cuerpo; el hecho tuvo lugar mientras la víctima desarrollaba labores de mantenimiento en condición de trabajador de la firma FYR Ingenieros Ltda, persona jurídica quien, a su vez, había suscrito un contrato con la Empresa de Energía de Pereira SA ESP para la adecuación y mantenimiento de estaciones y subestaciones eléctricas.
Con ponencia del magistrado Guillermo Sánchez Luque, la sección Tercera del Consejo de Estado unificó jurisprudencia “sobre los efectos que produce la ausencia de salvedades cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes”.
La Sala declara la nulidad de unas resoluciones proferidas por las Empresas Públicas de Medellín E.S.P., mediante las cuales se declaró la caducidad del contrato y lo condenó al pago de $150’740.061, por concepto de la devolución de lo cobrado a título de cláusula penal pecuniaria. Para la Sala, “la entidad demandada no cumplió con la garantía del debido proceso de Incoltes, pues, pese a que le indicó las inconsistencias que encontró respecto del acta 4 y le anunció que revisaría lo pagado en relación con las actas anteriores - en atención a la comprobación que realizaría directamente en la obra- lo cierto es que ese único aviso no resultó suficiente para tener por acreditado que el contratista pudo controvertir y defenderse de los reproches que sustentaron la declaratoria de caducidad”.
“La existencia de un proceso de reorganización empresarial no implica que no pueda adelantarse un proceso en el que se solicite la declaratoria de incumplimiento de un convenio, es decir, un proceso declarativo”. La Sala condenó a Fenalco a pagar a favor del DAPS la suma de $1.684.698.419 por concepto del saldo a favor arrojado por la liquidación judicial del convenio de asociación “porque Fenalco no cumplió sus obligaciones contractuales: no obran pruebas de que hubiera logrado emplear al 60% de las personas capacitadas, como lo estipulaba el convenio, ni tampoco de que hubiera ejecutado el monto que reclama el DPS, ni de que hubiera presentado los informes financieros requeridos en el convenio que la demandante echa de menos”.
