Sección 3 (2587)
El Consejo de Estado declaró probada la excepción previa de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro. El Municipio de Armenia conoció o tuvo la posibilidad de conocer el siniestro del contrato de seguro, consistente en el incumplimiento de la obligación de entregar los estudios y diseños contratados. Si el Municipio recibió los resultados del estudio y diseño de los proyectos viales definidos en la cláusula del contrato interadministrativo y autorizó el pago del 40% del contrato, es dable concluir que conocía o por lo menos tuvo la posibilidad de conocer el incumplimiento contractual y con ello el siniestro. Resulta acertada la conclusión del Tribunal Administrativo del Quindío respecto al momento a partir del cual comenzó a correr el término de prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, toda vez que [desde] el 17 de diciembre de 2015 el municipio de Armenia conoció o tuvo la posibilidad de conocer que EDUA había inobservado las obligaciones pactadas suceso que concreta la ocurrencia del siniestro amparado con la póliza.
Salvo las excepciones legales, los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad contractual, no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como por las reglas atinentes a su régimen especial. Por tal razón, para controvertirlos a través del medio de control de controversias contractuales, el demandante no tiene la carga de solicitar su anulación.
La parte demandante pretendió la nulidad de la resolución y de varios apartados del pliego de condiciones de la licitación pública; actos administrativos que fueron expedidos por Colombia Compra Eficiente. Mediante auto del 17 de abril de 2020, el Consejero de Estado Guillermo Sánchez Luque rechazó la demanda al concluir que la misma fue interpuesta de forma extemporánea. Estimó que en tanto los actos demandados fueron publicados el 19 de junio de 2015, el término para presentar el escrito inicial corrió desde el 20 de junio de 2015 al 20 de octubre de la misma anualidad y, dado que la demanda fue presentada el 5 de marzo de 2020, era evidente que había operado el fenómeno de la caducidad. La parte actora interpuso “recurso de reposición” en contra del auto mencionado, para lo cual argumentó que en la medida en que los actos controvertidos se encuentran suspendidos provisionalmente tanto por una sentencia de tutela como por la orden de un trámite judicial de nulidad identificado con el radicado número 54549, no era posible computar los términos de caducidad de los medios de control procedentes.
“El daño y su antijuridicidad, son los principales elementos sobre los que gravita el régimen de responsabilidad del Estado”- precisó la Sala. Recuerda la Alta Corte que la responsabilidad que se le atribuye al Estado es de carácter objetivo, por lo que hay lugar a su declaración una vez se haya demostrado que una parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del demandante hubiere sido ocupado por la Administración o por particulares que actúan autorizados por ella. La imposición de la obligación resarcitoria se justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, pues no existe para el particular afectado el deber jurídico de soportar la realización de unas obras o trabajos públicos que, si bien pueden reportar beneficio para la colectividad, lesionan los derechos de un coasociado. Así, si bien la prevalencia del interés general respalda y orienta teleológicamente la actividad administrativa, no justifica el sacrificio de la esfera de derechos e intereses de los individuos, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado a tenor de lo normado por el artículo 2 de la Carta.
Se demandaron la resolución de INGEOMINAS que declaró la caducidad de un contrato de pequeña minería para la explotación de un yacimiento de carbón ubicado en el municipio de Zulia, Norte de Santander, así como la Resolución, que confirmó la anterior decisión. Para la Sala, el contratista no tuvo la oportunidad de subsanar la falencia relacionada con la renovación y reajuste de las garantías ni de atender los requerimientos hechos por INGEOMINAS, como sí lo pudo hacer en ocasiones anteriores, y no pudo ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente fue sancionado, por falta de conocimiento del inicio del procedimiento sancionatorio que la autoridad debía comunicarle en cumplimiento de lo previsto en el artículo 288 del Código de Minas, que en sentido semejante preveía la cláusula 25.1.1 del contrato de pequeña explotación carbonífera. Por tanto, los actos demandados fueron declarados nulos por el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa.
Se solicitó que se declarara el desequilibrio económico de un contrato de derecho privado suscrito entre Multiserv Ltda.y la Electrificadora del Huila S.A. ESP. La Sala Se confirmó la sentencia de primera instancia que negó la demanda porque en los contratos de derecho privado no hay lugar a reconocer perjuicios con fundamento en la obligación de "mantener la conmutatividad del contrato" o de "restablecer el equilibrio financiero", y tampoco estuvo probado el incumplimiento de Electrohuila.
La Sala revocó la decisión de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará de oficio la excepción de falta de jurisdicción. La sociedad demandante pretende la reparación de los perjuicios sufridos con una resolución mediante la cual se declaró de utilidad pública de un bien de su propiedad. La determinación de los perjuicios por esa causa debe establecerse en el proceso de expropiación que se tramita ante la jurisdicción civil cuando no se logra un acuerdo entre las partes: es en ese proceso que debe establecerse el valor del daño emergente y del lucro cesante al que tiene derecho el propietario de un bien que es declarado de utilidad pública. Aunque esta jurisdicción es competente para conocer de los procesos contra los actos administrativos que ordenan la expropiación, es claro que en este caso no se formuló tal pretensión.
El recurso de anulación contra Laudo Arbitral tiene un carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, cuya procedencia depende de que se identifique y se sustenten debidamente las causales que se invoquen. La Sala así lo destacó al indicar que conforme con lo previsto en la ley para tal efecto, razón por la que el juez de anulación debe rechazar de plano el recurso, cuando las causales que se invoquen no correspondan a alguna de aquellas establecidas en la ley. De esta forma, la competencia del juez del recurso de anulación está condicionada al principio dispositivo, según el cual, el recurrente delimita, con la formulación y sustentación del recurso, el objeto que persigue de conformidad con las causales establecidas en la ley , razón por la que el juez de la anulación no tiene competencia para interpretar lo expresado por el recurrente, para entender o deducir la causal invocada y, menos aún, para pronunciarse sobre aspectos no contenidos en el recurso extraordinario de anulación. Además, el recurso no constituye una instancia adicional dentro del trámite arbitral, pues su finalidad reside en el cuestionamiento de la decisión arbitral por errores in procedendo que comprometen la ritualidad de las actuaciones, al quebrantar normas reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido proceso, y no por errores in iudicando, es decir, por el señalamiento de motivos de mérito o de fondo a manera de sustento del cuestionamiento de la decisión arbitral en función del derecho sustancial, o como recurso para proponer o revivir un nuevo debate sobre las pruebas o sobre lo concluido en aquel proceso. Esto es así, en la medida en que el juez de anulación no oficia como superior jerárquico o funcional del tribunal de arbitramento, razón por la que no puede intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar sus decisiones.
La Corporación confirmó la sentencia de primera instancia, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, porque la ETB no estaba obligada a solicitar bienes y servicios por el valor total estimado del contrato de suministro. Los términos de referencia del contrato de suministro establecían que el “100% del precio de las tapas y los servicios de instalación asociados a estas, se pagarán mediante cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas e instaladas en el respectivo mes”. En la carta de aceptación de la oferta se estipuló que “el contrato se ejecutará con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB, quien no se obliga a solicitar un número determinado de estas, ni se compromete a una cantidad mínima o máxima de bienes y servicios en cada una, pues éstas dependen de sus necesidades puntuales”.
La Corporación precisó que “los contratos de estabilidad jurídica, como instrumento de intervención del Estado en la economía, tuvieron la intención expresa de “promover inversiones nuevas y de ampliar las existentes en el territorio nacional”, al conceder un ámbito normativo estable que no sólo protegiera los intereses de los inversionistas, sino que repercutiera significativamente en la economía nacional, lo que justifica que, por ejemplo, la ley planteara una cuantía mínima de capital de inversión como requisito para suscribir el contrato”.
