Para la Sala, “las empresas petroleras y las empresas dedicadas a la búsqueda, exploración o explotación de hidrocarburos deberán retener a los contratistas y subcontratistas, por contratos y subcontratos que celebren con personas naturales y jurídicas o sociedades de hecho por construcción de obras, suministros y por venta de bienes o por servicios prestados.
Para la Corporación, en los casos en los cuales el administrado no está obligado a presentar la declaración del impuesto predial, se puede generar violación al debido proceso si la Administración no emite un acto previo a la determinación de la obligación fiscal.
La Sala considera que, a fin de proteger la amenaza del derecho a la participación de quienes han venido a este proceso en solicitud de amparo, pero además de todas las personas que ejercen la profesión de la abogacía a través del litigio judicial, indicará a los órganos que tienen a cargo la preparación y presentación del perfil de proyecto para la implementación de soluciones ágiles
Para la Sala, la prestación del servicio de transporte de valores, requieren de autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Estas empresas deben regirse, para su funcionamiento, por el Estatuto que las rige, pero esto no desconoce que les sean aplicadas las normas del código de comercio, ni desnaturaliza el tipo contractual celebrado
En los actos acusados, la DIAN propuso desconocer costos declarados por $892.707.000, al no encontrarse debidamente soportados con la respectiva factura expedida por los proveedores de la sociedad. Par la Sala, la presentación de la factura como prueba para la procedencia de costos y deducciones no es opcional, toda vez que constituye una exigencia legal.
“El artículo 6 del Decreto Reglamentario 1766 de 2004 consagró el tratamiento del IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos, (…) Se observa que si bien el inciso primero dispone que el IVA podrá llevarse como descuento tributario del impuesto sobre la renta, debe tenerse en cuenta que la misma disposición también precisa que, cuando se trata de la adquisición
El Consejo de Estado confirma la sentencia del 17 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar teniendo en cuenta que la autoridad fijó la base gravable del impuesto de industria y comercio a cargo de la actora en el 30% de los ingresos que obtuvo de Drummond Ltd por la prestación del servicio de vigilancia en la zona de explotación minera operada por
La Sala encuentra pertinente realizar precisiones respecto de la transmisión de energía eléctrica gravada con el ICA: “en términos generales, el artículo 14.25 de la Ley 142 de 1994, establece que el servicio público domiciliario de energía eléctrica es una categoría que no solo cobija el «transporte de energía eléctrica desde las redes regionales de transmisión hasta el domicilio del usuario final», sino su conexión, medición y actividades complementarias que se requieran para el efecto,
El acto administrativo objeto de control de juridicidad por parte del Consejo de Estado, no acredita que el crudo usado en las actividades de extracción estaba registrado en la cuenta del inventario y que los barriles en cuestión fueran destinados a una actividad cuyo régimen de descuento de impuestos asumidos, era distinto a la de su afectación inicial.
Para el Alto Tribunal, si bien el artículo 89.6 de la Ley 142 de 1994 establece que las empresas prestadoras de servicios públicos recaudadoras de las contribuciones para subsidiar a los estratos 1, 2 y 3 están sometidas a las normas del ET sobre declaraciones