Corte Constitucional (2152)
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Recientemente se publicó el texto del fallo en el que la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 1080 del Código Civil porque sus solemnidades para otorgar testamento cerrado excluyen a personas en situación de discapacidad (PSD), especialmente a quienes no saben leer ni escribir o tienen limitaciones en su expresión escrita o verbal. Esto, según la sentencia, genera un trato discriminatorio que vulnera los derechos a la igualdad, dignidad y pleno ejercicio de la capacidad jurídica de estas personas. La norma original exigía que la declaración se haga "a viva voz" o por escrito para "mudos", sin reconocer otras formas legítimas de comunicación, contraviniendo el modelo social de discapacidad y obviando ajustes razonables y apoyos necesarios para su inclusión. La Corte ordenó interpretar estas solemnidades incluyendo todas las formas de comunicación accesibles para las PSD, garantizando que puedan expresar su voluntad testamentaria en igualdad de condiciones, eliminando barreras institucionales y respetando principios constitucionales como la buena fe y la protección de derechos fundamentales.
Recientemente se publicó el texto de un fallo de la Corte de noviembre de 2024 en el que la Corporación declaró inconstitucional la limitación del fuero de paternidad a solo aquellos trabajadores cuya pareja gestante no tenga empleo formal, contenida en el artículo 1° numeral 5 de la Ley 2141 de 2021. Señaló que esta disposición genera un trato discriminatorio e inequitativo, vulnerando los derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación y al trabajo en condiciones dignas y justas. El fuero de paternidad busca garantizar la estabilidad laboral del padre para que asuma en igualdad las responsabilidades familiares, sin importar la condición laboral de la mujer gestante. Por tanto, negar esta protección ante la existencia de empleo formal en la mujer gestante excluye injustificadamente a trabajadores que también cumplen con esas responsabilidades, contraviniendo el marco constitucional y la finalidad del fuero, el cual protege el proyecto familiar y la redistribución equitativa de las tareas de cuidado.
El caso abordó la denuncia de una mujer embarazada que fue excluida de un proceso de selección laboral. Aunque la empresa negó que existiera discriminación, argumentando falta de pruebas y ausencia de relación subordinada, la demandante señaló que ocultó su embarazo por temor a afectar su contratación y fue posteriormente descalificada sin justificación clara. El caso aborda la denuncia de una mujer embarazada que fue excluida de un proceso de selección laboral. Aunque la empresa negó que existiera discriminación, argumentando falta de pruebas y ausencia de relación subordinada, la demandante señaló que ocultó su embarazo por temor a afectar su contratación y fue posteriormente descalificada sin justificación clara.
Recientemente se hizo público el fallo de la Corte a través del cual declaró inexequible el artículo 261 de la Ley 2294 de 2023, que autorizaba a las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) a negociar sus valores en el mercado público, por violar el principio de unidad de materia. La norma no tenía una conexión directa e inmediata con los objetivos ni con los planes del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y su inclusión representaba un cambio normativo permanente sin una justificación reforzada ni proceso legislativo adecuado. Además, la Corte recordó que la regulación previa limitaba la participación de las SAS en el mercado bursátil para proteger el interés público y la economía popular, por lo que la autorización sin controles suficientes ponía en riesgo dichas garantías. Por estas razones, la norma fue declarada inexequible.
La Corte Constitucional ordenó al Distrito de Santiago de Cali, junto con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, la Secretaría de Vivienda y la Defensoría del Pueblo, iniciar un diálogo para definir la medida adecuada que garantice el abastecimiento de 50 litros diarios de agua apta para consumo humano en la vivienda del accionante, hasta su reubicación. Esta orden responde a la falta de acceso a agua potable en un área ubicada en una reserva forestal protectora, donde la infraestructura para acueducto resulta inviable por razones ambientales. Por ello, la Corte autorizó el uso de medios transitorios, como carrotanques o pilas públicas, asegurando la continuidad, la disponibilidad y la calidad mínima del agua, sin afectar la protección ambiental del entorno forestal. El fallo busca equilibrar el derecho fundamental al agua y a una vivienda digna con la obligación del Estado de salvaguardar el ambiente, ordenando también la reubicación del residente en condiciones dignas, mediante coordinación interinstitucional y cumplimiento en plazos específicos.
La Corte Constitucional analizó 30 tutelas sobre medicamentos negados o no entregados por las EPS. Identificó tres escenarios: medicamento prescrito no entregado oportunamente, falta de actualización de información, y tratamientos continuos con entregas pendientes. Ordenó a las EPS suministrar los medicamentos conforme a la prescripción médica vigente, o incluso aunque haya vencido por demora, garantizando entrega continua programada, con un plazo máximo de 72 horas antes de agotarse el suministro previo. En caso de desabastecimiento, las EPS deben valorar inmediantamente al paciente para bioequivalentes y evitar interrupciones. Se habilitarán canales de seguimiento y la vigilancia queda a cargo de la Procuraduría, Defensoría y Superintendencia de Salud. La medida busca proteger el derecho a la salud sin causar daño desproporcionado a EPS e IPS, garantizando acceso integral y oportuno sin excusas administrativas o presupuestales.
La Corte Constitucional reiteró su exhorto al Gobierno y al Congreso para que tramiten un proyecto que regule integralmente las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) ante la insuficiencia de la regulación vigente en Colombia. Identificó vacíos legales en la relación con donantes de gametos, el uso post mortem de células sexuales y la figura del alquiler de vientre, sin respuestas claras sobre reclamaciones de paternidad o contratos. También señaló que la ausencia de un marco normativo adecuado puede generar excesos y arbitrariedades en detrimento de derechos fundamentales, como el derecho a la autodeterminación reproductiva, que incluye decidir libremente sobre procrear y acceder a medios para ello. Esto se evidenció en un caso donde se negó el acceso a óvulos criopreservados tras la muerte de la pareja, poniendo de manifiesto la necesidad urgente de regulación precisa, ética y actualizada que proteja derechos y garantice seguridad jurídica para las prácticas de reproducción asistida.
El 16 de mayo de 2025, en el Auditorio del Palacio de la Proclamación de Cartagena de Indias, la Corte Constitucional organizó un diálogo constitucional junto con varias universidades. El registro puede hacerse a través de este Link. El objetivo es analizar la historia constitucional desde 1886, sus reformas y su influencia en la Constitución de 1991 y la jurisprudencia de la Corte. La Agenda incluye tres conferencias (8:00-10:00 a.m.) sobre antecedentes, la Regeneración y la centralización política, seguidas por dos paneles (10:10 a.m.-12:30 p.m.) que abordan supremacía constitucional y reformas constitucionales, culminando con palabras de cierre.
La Corte Constitucional declaró constitucional el aumento de la contribución a cargo de las empresas generadoras de energía establecido en el artículo 233 de la Ley 2294 de 2023, que aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, al verificar que no vulnera el principio de unidad de materia. Aplicó una metodología rigurosa de valoración, considerando el estándar más exigente por tratarse de normas permanentes y de contenido tributario dentro de una ley de plan nacional de desarrollo. La Sala Plena constató una conexión directa, inmediata y verificable entre la disposición demandada y los objetivos, metas y estrategias del PND, así como con el Plan Plurianual de Inversiones 2023-2026, en tanto que la medida cumple un fin planificador y es herramienta clave para la política pública de Transición Energética Justa. Además, se determinó que no hubo vicio de elusión del debate parlamentario en la aprobación de varios artículos demandados, asegurando el respeto al debate legislativo y a las competencias parlamentarias ordinarias, dado que los cargos formulados no acreditaron la vulneración de los principios constitucionales pertinentes.
En esta reciente decisión, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada de las expresiones "todas" y "organismos autónomos" del parágrafo 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 (modificado por la Ley 1955 de 2019) porque, aunque el fin de mejorar la eficiencia y transparencia en la contratación pública es constitucionalmente válido, imponer de manera indiscriminada la obligatoriedad de usar los Acuerdos Marco de Precios vulnera la autonomía constitucional de las ramas legislativa y judicial, órganos de control, la organización electoral, organismos autónomos y las entidades territoriales. Estas entidades, pese a estar sometidas formalmente al Estatuto General de Contratación, gozan de autonomía funcional y presupuestal que les permite ejecutar el presupuesto independientemente y contratar según sus necesidades.
