Y en la providencia que acaba de publicarse (se conocía del comunicado de prensa solamente) exhortó a las autoridades municipales y distritales para que,
El demandante presentó “acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 64 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, por cuanto, en su opinión,
Tras verificar la necesidad de integrar una unidad normativa entre la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1978 de 2019, la Corte concluyó que el régimen TIC que componen
La Corte levanta la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura para adelantar la etapa de admisibilidad de las demandas de
Como sexto punto del orden del día de hoy miércoles 26 de mayo, la Corte Constitucional examinará en Sala Plena, el texto del expediente a través del cual se demanda el artículo 313 de la LEY 1955-2019 (PND 2018-2022) (art. 313): sobretasa por kilovatio hora consumido para fortalecer al fondo empresarial en el territorio Nacional. Publicamos texto de la demanda.
“El derecho a la salud en los casos conocidos por la Corte, así como el de cualquier persona, cubre la garantía de integralidad, de manera que los servicios y tecnologías
La administradora de pensiones Porvenir S.A. se había negado a reconocer y a pagar la pensión de invalidez con fundamento en que no cumplía con las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. La Sala encuentra que el representado sí cumple con los requisitos para acceder a la pensión por invalidez prevista por el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 860 de 2003.
Se trata de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional en la semana comprendida entre 12 al 19 de mayo de 2021; son doce (12) autos, una (1) sentencia de Constitucionalidad y una (1) sentencia de tutela. Los textos de las providencias contienen un link que lleva al texto de la respectiva sentencia.
La Corte tuteló “el derecho fundamental al debido proceso en el trámite legislativo del senador Roy Leonardo Barreras Montealegre, así como los derechos a la reparación integral, a la igualdad y a la participación política de ciertas organizaciones de víctimas, estas últimas objeto de agencia oficiosa por el citado congresista, en favor de varias organizaciones de derechos humanos que las representan,
Norma acusada: Decreto 2109-2019- (art. 125, parcial): requisitos únicos del permiso o licencia ambiental. “La Sala Plena reconoció que la citada prohibición de exigir requisitos, información y datos adicionales en la fase de solicitud de aprobación de autorizaciones ambientales, aunque no despojaba a las CAR de sus competencias constitucionales y legales, sí restringía su autonomía funcional y limitaba el alcance del principio de rigor subsidiario, desarrollado por la jurisprudencia constitucional”.