La UPME informó que hasta el 31 de mayo de 2026 se recibirán solicitudes de evaluación y certificación de proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no convencionales de energía -FNCE; acciones o medidas de gestión eficiente de la energía - GEE y proyectos de hidrógeno para acceder a los incentivos tributarios de los que trata la Ley 1715 de 2014 y 2099 de 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Resolución UPME 00135 de 2025, modificado por el artículo 1 de la Resolución UPME 0070 de 2026. Esta iniciativa busca fomentar la transición energética y la sostenibilidad, amparada por las leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021. Las solicitudes radicadas entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se considerarán oficialmente recibidas a partir del 1 de marzo.

La DIAN aclaró que el cobro por sobreestadía de contenedores en un puerto colombiano no forma parte del servicio internacional de transporte marítimo de carga excluido del IVA. La entidad explicó que, según el Código de Comercio, la sobreestadía corresponde a una compensación por la permanencia adicional de la nave o de los contenedores en el puerto, cuando se excede el tiempo previsto para cargue o descargue. Además, precisó que la responsabilidad del transportador en el contrato marítimo termina con la entrega de la carga al destinatario, a la empresa estibadora o a la autoridad aduanera. En consecuencia, los cobros por sobreestadía constituyen servicios asociados o posteriores al transporte, por lo que no están cubiertos por la exclusión del IVA prevista en el artículo 476 del Estatuto Tributario y, por tanto, se encuentran gravados.

El Gobierno oficializó el aplazamiento de la entrada en vigencia del régimen de reservas técnicas para las entidades aseguradoras y de la Norma de Información Financiera NIIF 17. La fecha de implementación, inicialmente fijada para el 1 de enero de 2027, se posterga ahora al 1 de enero de 2028. Esta decisión surge tras una solicitud de la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA), que advirtió sobre "brechas en la adopción de herramientas tecnológicas, en la disponibilidad de datos históricos de calidad y en la capacidad operativa". La Superintendencia Financiera de Colombia y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública avalaron la prórroga, reconociendo los "retos importantes" para las entidades vigiladas. El aplazamiento busca facilitar una transición "gradual y ordenada", garantizando la sostenibilidad del sector y mitigando posibles impactos en la información financiera.

El Gobierno publicó un Decreto que busca impulsar la producción y reindustrialización del país. La medida principal permite ahora que mercancías nacionales y nacionalizadas, incluso si pertenecen a terceros, ingresen a depósitos privados destinados a transformación y/o ensamble. Esta flexibilización, que requiere un contrato y que las mercancías estén ligadas a la actividad comercial del titular del depósito, está diseñada para fomentar procesos productivos, especialmente en el sector automotriz. Además, el decreto establece un plazo de almacenamiento de quince días hábiles para mercancías importadas bajo esta modalidad, seguido del tiempo de producción más dos meses, asegurando así un control aduanero eficiente y la correcta disposición final de los bienes. La normativa también exige la clara identificación y separación de todos los tipos de mercancías dentro de estos depósitos para mantener la trazabilidad.

 El Gobierno aplazó la entrada en vigencia de la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF 17) "Contratos de Seguro" hasta el 1 de enero de 2028. La decisión modifica el Decreto 1271 de 2024, que inicialmente fijaba el 2027 como fecha de implementación para las entidades del Grupo 1. La Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) solicitó el aplazamiento, citando "brechas en la adopción de herramientas tecnológicas, en la disponibilidad de datos históricos de calidad y en la capacidad operativa". Tanto la Superintendencia Financiera como el Consejo Técnico de la Contaduría Pública respaldaron la medida, reconociendo los significativos desafíos de adaptación. Este ajuste busca asegurar la confiabilidad de la información financiera y facilitar una transición gradual y ordenada para el sector asegurador.