El Ministerio de Ambiente aclaró que la capacidad económica del infractor es un criterio fundamental al calcular multas en procesos sancionatorios ambientales. Según la Resolución 2086 de 2010 y el Decreto 1076 de 2015, las multas se aplican con base en factores como beneficio ilícito, temporalidad, afectación ambiental, riesgos, circunstancias agravantes o atenuantes, costos asociados y capacidad socioeconómica. Para empresas públicas municipales, clasificadas como entidades descentralizadas del sector público, se asigna un factor ponderador de capacidad económica equivalente a 1, similar a ministerios y entidades nacionales. La autoridad ambiental debe solicitar y verificar información oficial y documentada que acredite el nivel socioeconómico del infractor, garantizando que la sanción sea proporcional, razonable y sustentada técnicamente, respetando el debido proceso y los principios constitucionales. Así, se busca equilibrar la función disuasiva de las sanciones sin que resulten impagables ni ineficaces.

El Ministerio de Trabajo expidió un proyecto de norma que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes mayores en instalaciones clasificadas, en el marco del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM). Basada en convenios internacionales de la OIT y leyes nacionales, la norma establece obligaciones para los responsables de estas instalaciones, incluyendo la adopción de un marco metodológico sistemático, la conformación de equipos investigadores y la elaboración de informes técnicos con planes de acción para prevenir sucesos similares. Además, se fija la participación de las Administradoras de Riesgos Laborales para asesoría y seguimiento. La resolución busca fortalecer la gestión de riesgos, protección de trabajadores y comunidades, e incluye plazos para remisión de informes y sanciones por incumplimiento, ampliando así la seguridad laboral en sectores con altos riesgos químicos.

La UPME puso en marcha nuevas medidas para agilizar la expedición de certificaciones para vehículos eléctricos e híbridos, luego de registrar un crecimiento de 16.800 % en las solicitudes entre 2022 y 2026. Según la entidad, las peticiones pasaron de 19 en 2022 a más de 3.211 en 2026, reflejando el aumento del interés por tecnologías de movilidad limpia en el país. Para responder a esta demanda, la UPME implementó herramientas de inteligencia artificial y automatización que permitieron reducir en 83 % los tiempos de respuesta, pasando de trámites que tardaban hasta seis meses a procesos cercanos a una semana. Actualmente expide más de 100 certificaciones diarias, requisito que permite a ciudadanos y empresas acceder posteriormente ante la DIAN a beneficios tributarios previstos en la Ley 1715 de 2014 para vehículos eléctricos e híbridos.

La SIC publicó concepto de abogacía de la competencia en el que analizó el proyecto de circular externa de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) que reglamenta esquemas de garantía global para fondos que administran recursos públicos. Aunque identifica que la regulación introduce un trato diferenciado que beneficia a fondos vigilados con menores requisitos prudenciales, generando potenciales barreros para fondos privados, la SIC concluye que esta diferenciación está justificada por razones técnicas, prudenciales e institucionales. La medida busca preservar la estabilidad financiera y proteger recursos públicos, favoreciendo la inclusión crediticia sin restringir la actividad de actores privados, pese al riesgo de concentración y menor competencia.

La agenda regulatoria 2026 del Ministerio de Ambiente contempla proyectos normativos orientados al fortalecimiento de la gestión ambiental, el control de residuos y la transición energética. Entre los temas principales se encuentran la reglamentación sobre pasivos ambientales y responsables sin capacidad económica para asumir su atención; ajustes al régimen de residuos peligrosos y al control de movimientos transfronterizos de residuos no peligrosos; modificaciones a las reglas de calidad del aire y licenciamiento ambiental; actualización de requisitos para proyectos energéticos y de infraestructura férrea; y nuevas disposiciones relacionadas con transición energética justa, control ambiental y sostenibilidad.