La SIC busca derogar y actualizar disposiciones previas sobre cigarrillos, productos de tabaco, sus derivados y dispositivos relacionados. Se prohíbe la publicidad, promoción y exhibición visible de estos productos en puntos de venta físicos y electrónicos, permitiendo solo listados textuales sin elementos visuales. Además, se establecen mecanismos estrictos para impedir la venta a menores de 18 años, incluyendo sistemas de doble verificación en comercio electrónico y protocolos rigurosos para la entrega a domicilio, que exigen la presentación de documento de identidad. Estas medidas buscan fortalecer la protección especial de niños, niñas y adolescentes y garantizar el cumplimiento de normas nacionales e internacionales en materia de control del tabaco. La circular entrará en vigencia al mes siguiente a su publicación oficial.

El Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Meta que negó la suspensión provisional de las resoluciones expedidas por Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA, mediante las cuales se abrió investigación ambiental contra Distracom S.A., se formularon cargos, se impuso una medida preventiva de suspensión de obras y posteriormente una sanción relacionada con presuntas afectaciones a la ronda de protección de una fuente hídrica en Acacías, Meta, durante la construcción del proyecto hotelero Las Olas Distracom Las Corocoras. La Sala concluyó que los argumentos de la empresa -caducidad de la facultad sancionatoria, vulneración del debido proceso, falsa motivación, indebida valoración probatoria y errores en la tasación de la multa- no podían resolverse en sede cautelar porque exigen un análisis profundo del expediente administrativo y del fondo del litigio. El alto tribunal precisó que la suspensión provisional solo procede cuando la violación normativa surge de manera evidente de la confrontación entre los actos y las normas invocadas, situación que no se configuró en este caso. Además, reiteró que el silencio administrativo positivo no opera en materia sancionatoria ambiental.

Se publicó un proyecto de norma para adoptar e implementar el trámite de registro y sustitución de las cuentas maestras que utilizan las entidades territoriales para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones destinados a agua potable y saneamiento básico. La propuesta busca establecer un procedimiento técnico y operativo unificado que garantice trazabilidad financiera, seguridad jurídica y control sobre estos recursos públicos. La iniciativa define los requisitos documentales para el registro inicial y la sustitución de cuentas maestras, fija plazos para la revisión de solicitudes y establece causales específicas para autorizar cambios de cuenta, como deficiencias bancarias o incumplimientos contractuales. Además, obliga a municipios, distritos y departamentos a manejar los recursos en una única cuenta registrada ante el ministerio, evitando su mezcla con otros fondos públicos.

El Ministerio de Vivienda precisó criterios sobre la convivencia en propiedades horizontales frente a expresiones de autoidentificación, como el fenómeno "Therians". Resalta que la identidad personal pertenece al fuero interno y debe ser respetada, sin ser motivo de censura o discriminación. Sin embargo, las conductas externas que afecten la seguridad, salubridad, tranquilidad o uso adecuado de zonas comunes pueden ser objeto de regulación. La administración debe basar su actuación en hechos concretos y verificables, promoviendo un equilibrio entre el respeto a la diversidad y la convivencia pacífica, evitando restricciones arbitrarias o discriminatorias.

El Ministerio de Agricultura declaró nuevas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en municipios de Antioquia y Cundinamarca, con el objetivo de preservar suelos estratégicos para la actividad agropecuaria y fortalecer la seguridad alimentaria del país. A través de las resoluciones 116 y 117 de 2026, la cartera protegió territorios ubicados en Betania, Betulia, Pueblorrico y Támesis, en el suroeste antioqueño, así como en el municipio de Cogua, en Cundinamarca. Las medidas buscan orientar el uso del suelo, proteger la vocación agrícola de estas zonas y promover el desarrollo rural sostenible mediante instrumentos de planificación y conservación productiva.