El Ministerio de Trabajo expidió un proyecto de norma que reglamenta la investigación de incidentes y accidentes mayores en instalaciones clasificadas, en el marco del Programa de Prevención de Accidentes Mayores (PPAM). Basada en convenios internacionales de la OIT y leyes nacionales, la norma establece obligaciones para los responsables de estas instalaciones, incluyendo la adopción de un marco metodológico sistemático, la conformación de equipos investigadores y la elaboración de informes técnicos con planes de acción para prevenir sucesos similares. Además, se fija la participación de las Administradoras de Riesgos Laborales para asesoría y seguimiento. La resolución busca fortalecer la gestión de riesgos, protección de trabajadores y comunidades, e incluye plazos para remisión de informes y sanciones por incumplimiento, ampliando así la seguridad laboral en sectores con altos riesgos químicos.

La iniciativa publicada por el ministerio de Trabajo exigirá que todas las inversiones y programas ejecutados en el territorio, tanto del sector público como privado, contraten como mínimo el 50% de mano de obra local. El objetivo es fomentar la economía territorial, garantizar el derecho al trabajo y promover la participación activa de las comunidades en sus proyectos. Se establecería un proceso de priorización, comenzando por los residentes del área de influencia del proyecto, luego municipios colindantes, el departamento y, si es necesario, el resto del territorio nacional. Se priorizará a personas con barreras para la inserción laboral y se consideran reglas específicas para situaciones de emergencia, reforestación o forestación. Las empresas deberán registrar sus vacantes y reportar semestralmente el cumplimiento de esta obligación, garantizando que la mano de obra calificada y no calificada provenga de la región donde se ejecute la inversión o programa.