La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) realiza un exhaustivo Análisis de Impacto Normativo (AIN) ex ante para evaluar la necesidad de regular los cinemómetros, dispositivos que miden la velocidad vehicular. El análisis parte de la identificación de un vacío normativo sobre las condiciones técnicas y de verificación metrológica de estos equipos, a pesar de existir legislación sobre su instalación y operación. La SIC busca establecer reglas claras y obligatorias para garantizar la calidad metrológica, la trazabilidad, la precisión de las mediciones y la estandarización de su instalación y operación, con el fin de aumentar la confianza ciudadana en la validez de las sanciones y fortalecer la seguridad vial. Este proceso incluye la consulta a actores clave del sector y la evaluación de distintas alternativas regulatorias, como el statu quo o la expedición de un reglamento técnico basado en estándares internacionales, utilizando criterios de calidad, disponibilidad de equipos, costos de cumplimiento y viabilidad institucional.Descargar documento

Según análisis de la SSPD, la actividad de aprovechamiento en el servicio de aseo está reservada prioritariamente para las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) por un término de 15 años, reconociendo su protección constitucional. Las empresas prestadoras distintas a las ORO que ya desarrollaban esta actividad al entrar en vigencia el Decreto 1381 de 2024 solo podrán continuar operando exclusivamente en las áreas de servicio previamente registradas en el RUPS. No se les permite registrar nuevas áreas, incluso dentro del mismo municipio. Además, estas empresas deberán concertar con las ORO para asegurar el acceso de los recicladores a los residuos aprovechables. Si un usuario se traslada a una zona no registrada por un prestador no ORO, este no podrá extender su servicio allí, debiendo coordinar con la ORO o el prestador habilitado para esa nueva área.

La CRA explicó los criterios para el cobro del servicio de aseo. Los usuarios se clasifican en residenciales y no residenciales, diferenciados por la actividad y el volumen de residuos generados, siendo responsabilidad del prestador medir dicha producción. En propiedades horizontales, la entidad jurídica puede ser considerada un usuario único para las zonas comunes o facturar individualmente a cada inmueble. Para usuarios agrupados o multiusuarios, la facturación es individual, incluyendo un cargo fijo y un cargo proporcional a los residuos colectivamente generados y aforados. La medición del consumo, preferentemente mediante instrumentos o aforo, es el elemento principal para determinar el precio del servicio.

El Gobierno impulsa un proyecto de norma para fomentar la arquitectura tradicional y el uso de guadua y bambú, en cumplimiento de la Ley 2206 de 2022. La propuesta busca recuperar saberes ancestrales y oficios asociados a estos materiales, promoviendo su uso productivo y sostenible en vivienda, infraestructura y mobiliario. Esto se logrará mediante la adopción de lineamientos específicos que orientarán la identificación, documentación y transmisión de conocimientos constructivos tradicionales, la articulación de estos sistemas con la normativa vigente para asegurar un uso seguro y sostenible, y el fortalecimiento de la cadena productiva, la innovación y las capacidades locales para su desarrollo industrial.

La CRA respondió a una solicitud de apoyo para implementar una Estrategia de Economía Circular con residuos orgánicos. La CRA aclara que su rol no incluye el suministro directo de herramientas o asistencia técnica. Su función principal es la regulación tarifaria del servicio de aseo. No obstante, valora positivamente la iniciativa y ha avanzado en la actualización del marco tarifario para reconocer costos de tecnologías de tratamiento de residuos sólidos, como compostaje y digestión anaerobia, incentivando su implementación. Para tecnologías específicas como pacas digestoras y lombricompostaje, la CRA recomienda contactar al Movimiento Paquero de Colombia. Adicionalmente, la entidad planea desarrollar incentivos tarifarios para la gestión comunitaria de residuos orgánicos dentro de su Agenda Regulatoria 2026, buscando fortalecer el reconocimiento de estas prácticas desde el esquema tarifario. Se invita a consultar los canales oficiales de la CRA para información técnica y pedagógica en materia tarifaria.