La UPME puso en marcha nuevas medidas para agilizar la expedición de certificaciones para vehículos eléctricos e híbridos, luego de registrar un crecimiento de 16.800 % en las solicitudes entre 2022 y 2026. Según la entidad, las peticiones pasaron de 19 en 2022 a más de 3.211 en 2026, reflejando el aumento del interés por tecnologías de movilidad limpia en el país. Para responder a esta demanda, la UPME implementó herramientas de inteligencia artificial y automatización que permitieron reducir en 83 % los tiempos de respuesta, pasando de trámites que tardaban hasta seis meses a procesos cercanos a una semana. Actualmente expide más de 100 certificaciones diarias, requisito que permite a ciudadanos y empresas acceder posteriormente ante la DIAN a beneficios tributarios previstos en la Ley 1715 de 2014 para vehículos eléctricos e híbridos.

La SIC publicó concepto de abogacía de la competencia en el que analizó el proyecto de circular externa de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) que reglamenta esquemas de garantía global para fondos que administran recursos públicos. Aunque identifica que la regulación introduce un trato diferenciado que beneficia a fondos vigilados con menores requisitos prudenciales, generando potenciales barreros para fondos privados, la SIC concluye que esta diferenciación está justificada por razones técnicas, prudenciales e institucionales. La medida busca preservar la estabilidad financiera y proteger recursos públicos, favoreciendo la inclusión crediticia sin restringir la actividad de actores privados, pese al riesgo de concentración y menor competencia.

La agenda regulatoria 2026 del Ministerio de Ambiente contempla proyectos normativos orientados al fortalecimiento de la gestión ambiental, el control de residuos y la transición energética. Entre los temas principales se encuentran la reglamentación sobre pasivos ambientales y responsables sin capacidad económica para asumir su atención; ajustes al régimen de residuos peligrosos y al control de movimientos transfronterizos de residuos no peligrosos; modificaciones a las reglas de calidad del aire y licenciamiento ambiental; actualización de requisitos para proyectos energéticos y de infraestructura férrea; y nuevas disposiciones relacionadas con transición energética justa, control ambiental y sostenibilidad.

El documento somete a consideración del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) el concepto favorable para que la Nación contrate un empréstito externo con la banca multilateral hasta por USD 15 millones, destinado a financiar el Programa para mejorar la eficiencia logística de Colombia. La iniciativa busca atender limitaciones del sistema logístico nacional, relacionadas con debilidades institucionales y brechas en capital humano que afectan la productividad y la capacidad exportadora. El programa será ejecutado por el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con entidades del orden nacional y territorial, mientras que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantará los trámites de crédito externo.

El Ministerio de Ambiente aclaró que el uso de agua para consumo humano y doméstico en viviendas rurales dispersas debe inscribirse obligatoriamente en el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, según lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 y regulado por decretos 1076 y 1210 de 2015 y 2020. Esta inscripción no requiere evaluación previa de compatibilidad del uso del suelo ni de restricciones ambientales para su autorización, dado que sustituye la concesión tradicional. Sin embargo, la autoridad ambiental puede ejercer vigilancia y control para prevenir daños ambientales o incumplimientos normativos, e informar a las autoridades municipales sobre eventuales infracciones urbanísticas. Esta regulación busca uniformidad y seguridad jurídica para usuarios y autoridades ambientales, atendiendo criterios técnicos y legales vigentes.