La Autogeneración Colectiva permite que los usuarios que generan energía, principalmente mediante sistemas fotovoltaicos, compartan sus excedentes con otros integrantes de una comunidad energética que únicamente consumen electricidad de la red, de manera que dicha energía compense su demanda. Para acceder a este esquema, cada participante debe contar con un medidor y un punto de conexión independientes, y todas las fronteras comerciales deben estar representadas por un mismo comercializador. Asimismo, la autogeneración colectiva está sujeta a un límite de capacidad instalada inferior a 5 MW y exige que los participantes pertenezcan al mismo mercado de comercialización y al mismo Sistema de Distribución Local (SDL). La liquidación de los excedentes se realiza conforme a las reglas previstas en la regulación vigente, según la capacidad total del esquema. Estas precisiones fueron emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

El Ministerio de Minas y Energía impulsa una resolución orientada a La Guajira que formaliza instrumentos de articulación y coordinación en el marco del Pacto por la Transición Energética Justa. La iniciativa busca garantizar la participación efectiva de las autoridades tradicionales Wayuu, las entidades territoriales y las empresas involucradas en el desarrollo de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y líneas de transmisión.

El Gobierno propone adoptar una nueva Política Pública de Derechos Humanos para el Sector Minero Energético, con el propósito de fortalecer la protección, promoción y garantía de los derechos humanos en el desarrollo de las actividades mineras y energéticas, reemplazando la regulación vigente desde 2018. La iniciativa incorpora estándares de debida diligencia empresarial y enfoques transversales de género, territorio, interculturalidad y justicia ambiental, con el fin de prevenir y gestionar los riesgos asociados a los impactos socioambientales, los conflictos territoriales, las afectaciones a comunidades y los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, busca promover un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, fortalecer la participación ciudadana, garantizar mecanismos de diálogo y rendición de cuentas, y consolidar una gestión del sector basada en el respeto por la vida, la diversidad cultural y el medio ambiente.

La CREG suscribió un Acuerdo Complementario con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá. Este acuerdo establece un esquema de "piso y techo" para la determinación de los ingresos de la interconexión eléctrica binacional, buscando reducir la variabilidad asociada a las rentas de congestión y proporcionar mayor estabilidad financiera. Construyendo sobre un pacto previo de 2025, este instrumento detalla las bases para que los equipos técnicos de ambos países continúen los trabajos de armonización regulatoria, esenciales para facilitar el intercambio de energía eléctrica. La medida impacta a prestadores del servicio eléctrico, el Centro Nacional de Despacho y otros interesados en la integración energética regional.

La SSPD publicó un estudio sobre el Cargo por Confiabilidad durante el periodo 2006-2026, en el que señala que los usuarios de energía han destinado más de $97 billones al pago de generadores para reducir el riesgo de desabastecimiento eléctrico. El análisis indica que este mecanismo representó en 2025 el 21,5 % de los ingresos y el 111 % de las utilidades del sector de generación, sin que ello se haya reflejado en un incremento significativo de la capacidad instalada. El informe cuestiona la efectividad del esquema, al advertir que parte de los recursos se asignan a plantas hidráulicas, precisamente las más vulnerables durante periodos de sequía, y que las medidas adoptadas para garantizar la confiabilidad del sistema tienen un componente principalmente comercial. Por ello, la Superservicios plantea revisar el diseño regulatorio para promover fuentes más eficientes y renovables que aseguren la suficiencia energética de largo plazo, aunque precisa que no existe un riesgo inminente de apagón si los mecanismos de seguridad funcionan adecuadamente.