Comunicados (421)
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-499 de 2024, revocó la decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado que ordenaba a la Universidad de Cartagena devolver a Ecopetrol los pagos realizados por concepto de estampilla. La Corte identificó tres defectos en la sentencia cuestionada: un defecto fáctico por la falta de valoración integral de pruebas, un defecto sustantivo por una interpretación restrictiva de decisiones judiciales previas que fundamentaron los pagos, y un defecto por violación directa de la Constitución al desconocer los efectos vinculantes de decisiones judiciales ejecutoriadas. La Corte destacó que la Universidad había vulnerado sus derechos al debido proceso y acceso a la justicia. Como resultado, se dejó sin efecto la sentencia del 11 de mayo de 2023 y se ordenó rehacer la segunda instancia del proceso, garantizando que las partes pudieran pronunciarse sobre todo el acervo probatorio antes de emitir una nueva decisión.
La cartilla digital de la sala plena presenta un total de 76 procesos que fueron agendados para el 4 y 5 de diciembre de 2024, que incluyen 11 procesos de constitucionalidad, 6 tutelas y 59 conflictos de jurisdicción. Entre los expedientes destacados se encuentran: Expediente D-15607: Estatuto del notariado, relacionado con el retiro del servicio por interdicción judicial o problemas de salud. Expediente D-15565: Monopolio rentístico de la producción y facultades de los departamentos sobre permisos de aguardiente. Expediente D-15905: Prohibición de despido de trabajadores con cónyuge embarazada. Expediente D-15933: Disposiciones vinculantes en acuerdos de paz. Expediente D-15887: Facultades extraordinarias del presidente para un nuevo régimen sancionatorio en aduanas. Cada expediente incluye un enlace para descargar la demanda correspondiente, facilitando el acceso a la información detallada sobre cada caso.
La Corte reafirma la relevancia de la correcta contabilización de los términos de notificación de providencias a través de medios electrónicos. Este pronunciamiento surge a raíz de una solicitud de Mansarovar Energy Colombia Limited, que alegó vulneración de sus derechos fundamentales al acceso a la justicia y al debido proceso. La Corte determinó que la notificación se considera efectuada dos días hábiles después del envío del mensaje, y que los plazos para interponer recursos comienzan a contarse al día siguiente de dicha notificación. La decisión confirma que las autoridades judiciales actuaron conforme a la normativa, garantizando así el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción en el proceso judicial.
La Corte abordó dos acciones de tutela relacionadas con procesos de reparación directa por ejecuciones extrajudiciales. Los demandantes alegaron que sus familiares, fallecidos en circunstancias controvertidas, no pertenecían a grupos al margen de la ley y presentaron indicios que contradecían la versión oficial del Ejército. La Corte concluyó que las sentencias del Consejo de Estado habían desconocido precedentes relevantes y habían incurrido en defectos fácticos por una indebida valoración probatoria. Se reafirmó la necesidad de aplicar correctamente el estándar probatorio en estos casos, enfatizando que las autoridades judiciales deben considerar la posibilidad de agrupar procesos relacionados para garantizar un trato igualitario y una adecuada administración de justicia.
El artículo 162 del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que creó el Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos (INDTOT), fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional de Colombia por varias razones. La Corte consideró que el Congreso de la República violó los principios de consecutividad e identidad flexible, que son fundamentales para asegurar la racionalidad y coherencia en el trámite legislativo. Esto se debió a que la creación del INDTOT se incluyó en una proposición durante los debates de las plenarias de Senado y Cámara, sin que se demostrara su conexión con los temas discutidos en las sesiones conjuntas de las comisiones correspondientes.
La Corte declaró exequibles las expresiones «UC: utilidad contable o financiera antes de impuestos» y la sigla «UC», contenidas en el parágrafo sexto del artículo décimo de la Ley 2277 de 2022. La Corte concluyó que estas disposiciones superan las exigencias del juicio de proporcionalidad de intensidad leve, lo que significa que no infringen el principio de capacidad contributiva. Además, se consideraron ajustados a la Constitución los numerales 2, 2.1, 2.2 y 2.3 de la misma ley, que establecen requisitos para el pago de una tasa mínima de tributación por parte de contribuyentes con residencia en el país. La decisión se fundamenta en la jurisprudencia que otorga un amplio margen de configuración al legislador en materia tributaria, permitiendo que se valoren las normas con criterios moderados, respetando así la discrecionalidad del Congreso en la creación de leyes fiscales.
Se trata del comunicado de prensa que sintetiza la decisión. El texto de la providencia aún no se encuentra disponible. La Corte se inhibió de pronunciarse sobre la constitucionalidad de ciertos incisos de la Ley 1676 de 2013, que regula las garantías reales en procesos de reorganización y liquidación judicial. La demanda, presentada por un ciudadano, cuestionaba que estas disposiciones favorecían a los acreedores garantizados en detrimento del derecho a la vivienda digna, afectando especialmente a quienes adquieren viviendas de interés social. Sin embargo, la Corte consideró que la demanda carecía de certeza y especificidad, ya que generalizaba las condiciones de las empresas constructoras y no demostraba de manera objetiva cómo las normas atacadas contradecían la Constitución. Por lo tanto, se declaró inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo.
Recientemente la Corte declaró inexequible una disposición del Decreto Ley 019 de 2012 que eliminó la competencia del Ministerio de Salud para regular la distancia mínima entre farmacias y droguerías. La Corte argumentó que esta derogación excedió las facultades extraordinarias del presidente y vulneró el derecho a la salud, limitando el acceso a medicamentos de manera irrazonable y desproporcionada. Se subrayó que la norma derogada era crucial para garantizar la accesibilidad y disponibilidad de medicamentos, especialmente para personas con movilidad reducida. La Corte revivió la norma que asignaba al Ministerio la responsabilidad de establecer distancias, asegurando así la función social de estos establecimientos. Además, se otorgó un plazo de 30 días al Ministerio para definir cuál de las regulaciones administrativas en desarrollo de la norma revivida quedaría vigente, reafirmando la importancia de proteger el derecho a la salud en el marco de la Constitución.
Esta reciente decisión de la Corte Constitucional tiene varias implicaciones significativas tanto para los trabajadores como para los empleadores: se establece que el pacto de salario integral debe constar por escrito. Esto implica que los empleadores deben asegurarse de formalizar este tipo de acuerdos de manera escrita, evitando así la posibilidad de que se acepte una convalidación tácita por parte del trabajador. Al exigir que la aceptación del pacto de salario integral sea explícita y documentada, se refuerza la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Esto significa que los trabajadores tienen una mayor garantía de que sus condiciones laborales y salariales son claras y acordadas, lo que puede prevenir abusos. Los empleadores ahora tienen la carga de demostrar que existe un acuerdo formal y explícito sobre el salario integral. Esto puede aumentar la responsabilidad legal de los empleadores en caso de disputas laborales, ya que deberán presentar pruebas documentales de la aceptación del trabajador. La necesidad de un acuerdo escrito puede cambiar la dinámica de la relación laboral, ya que los trabajadores pueden sentirse más empoderados para negociar sus condiciones laborales, sabiendo que cualquier pacto debe ser formalizado y no puede ser asumido tácitamente.
Los principales objetivos del memorando firmado entre la Corte Constitucional y la Alcaldía de Bogotá son: Divulgación y apropiación de la jurisprudencia: Coordinar acciones para promover la comprensión y el uso de la jurisprudencia en las instituciones educativas de Bogotá, especialmente a través del proyecto "Guardianes de la Constitución" dirigido a niñas, niños y adolescentes .Difusión de la Constitución: Realizar actividades para difundir la Constitución y la jurisprudencia entre los servidores públicos y la ciudadanía de la capital. Intercambio de información: Facilitar el intercambio de información que permita identificar las órdenes de tutela de la Corte relacionadas con el Distrito, con el fin de promover su cumplimiento. Prevención de daños antijurídicos: Proponer acciones de mejora enfocadas en la prevención del daño antijurídico y la disminución de las causas que generan la presentación de acciones de tutela en contra de la ciudad. Educación para la ciudadanía: Implementar una ruta pedagógica sostenida en la educación para la ciudadanía.
