“Al analizar la declaratoria de desierta de una licitación, lo primero que hay que señalar es que ésta corresponde a una decisión de la Administración de no elegir ninguna de las propuestas recibidas en orden a celebrar el contrato estatal, debido a causas que hacen imposible la realización del principio de selección objetiva;
El Consejo Superior de la Judicatura invita a los “funcionarios de la Rama Judicial, usuarios de la administración de justicia, abogados, academia, medios de comunicación y ciudadanía en general,
Para la Sala, “no se encuentra en discusión que los congresistas acusados hacen parte de la Comisión Primera del Senado de la República y que en el marco de la discusión del proyecto de acto legislativo
Así se encuentra consignado en el comunicado de prensa que resume la decisión del Consejo de Estado.
La Sala analizó el control Inmediato de Legalidad de la Resolución 20476 de 11 de mayo de 2020, proferida por la SIC, por medio de la cual se reanudan los términos del procedimiento administrativo de control previo de integraciones empresariales.
Para la Sala, en el presente caso, “está probado que la dirección registrada en el RUT existía y era la correcta, por lo que no había justificación para que la DIAN realizara la notificación por aviso.
“El actor presentó demanda contra la Empresa Industrial y Comercial de Cúcuta E.S.P. -EIS Cúcuta-,
El Consejo de Estado rechazó el medio de control inmediato de legalidad sobre la Resolución 604 del 16 de marzo de 2020, suscrita por el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), por la cual «se adoptan medidas transitorias por motivos de salubridad pública», de acuerdo con las consideraciones expresadas en esta providencia.
La Sala de Consulta y Servicio Civil estableció que los territorios indígenas son entidades territoriales. Por consiguiente, el artículo 287 establece los derechos de las entidades territoriales (según lo explicado atrás incluye a los territorios indígenas). Es por ello La explotación de los recursos naturales que se encuentren ubicados en los territorios indígenas deberá tener en cuenta la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas involucradas
El Consejo de Estado estableció que “la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. “La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. “La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. “Estos términos no pueden ser modificados por las partes””.