Esta medida modifica parcialmente resoluciones previas y establece que dichas áreas serán asignadas tras un proceso de convocatoria a mineros para presentar propuestas, con un plazo de 90 días calendario para su radicación. Además, garantiza que, una vez otorgados los contratos diferenciales, se realizará la desanotación de estas áreas en el Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM) para su incorporación definitiva a las Áreas de Reserva Estratégica Minera. La resolución rige desde su publicación e impulsa el ordenamiento y formalización minera en la región, contribuyendo al desarrollo social y económico local. Descargar texto/Anexo1/Anexo2/Anexo3

Los procesos administrativos sancionatorios mineros en la ANM están bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, incluyendo la Coordinación de Puntos de Información Nacional y el Grupo de Seguimiento. Estos procesos se desarrollan como parte de la fiscalización a los titulares mineros para garantizar el cumplimiento de obligaciones contractuales y normativas, pudiendo implicar actos administrativos como la imposición de multas y la declaración de caducidad o terminación de títulos mineros, siempre según lo establecido en la Ley 685 de 2001. Una vez firmes los actos sancionatorios que conlleven inhabilidades, la ANM está obligada a informar dichas inhabilidades a la Procuraduría General de la Nación dentro de los cinco días siguientes, conforme al artículo 38 de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario). La Oficina Asesora Jurídica es la encargada de elaborar los conceptos jurídicos que orientan estos procedimientos, aunque sus pronunciamientos no tienen carácter vinculante.

El marco normativo para la liberación de áreas en contratos de concesión minera se basa principalmente en el artículo 1° del Decreto 935 de 2013 y la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). Cuando una propuesta de contrato de concesión es rechazada o desistida, se expide un acto administrativo que debe notificarse conforme a la ley y surtir ejecutoria. La liberación del área ocurre al día siguiente de la firmeza del acto administrativo o sentencia judicial que así lo declare, tras su publicación en la página web de la Autoridad Minera y su inscripción en el Registro Minero Nacional, garantizando transparencia y disponibilidad para nuevas solicitudes. La Agencia Nacional de Minería (ANM) es la entidad encargada de estos trámites. Se permite la presentación de nuevas propuestas solo cuando el área esté formalmente libre, conforme a los tiempos y procedimientos legales establecidos.

El marco legal sobre Zonas de Protección y Áreas de Protección Ambiental en relación con el sector minero en Colombia se basa en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que promueve la sostenibilidad ambiental, la transición energética y la justicia social. Se establece la articulación intersectorial entre agricultura, minería y ambiental para garantizar coexistencia y desarrollo responsable. Las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) y Áreas Protegidas de Producción de Alimentos (APPA) buscan proteger la actividad agropecuaria sin generar conflicto con la minería responsable y sostenible. El Ministerio de Minas y Energía coordina con Agricultura y otras entidades apoyo técnico-jurídico para armonizar intereses, evitar afectaciones a títulos mineros y avanzar en un modelo que equilibre minería, producción alimentaria y conservación ambiental, impulsando un desarrollo territorial equitativo y sostenible.

El principio “primero en el tiempo, primero en el derecho” rige la asignación de concesiones mineras en Colombia, otorgando la concesión al primero que solicite un área libre y cumpla requisitos legales. Antes de la plataforma Anna Minería, múltiples propuestas podían presentarse sobre la misma área; la evaluación técnica definía el derecho según la fecha de radicación, considerando títulos vigentes y archivados. Con Anna Minería y el Sistema Integral de Gestión Minera (SIGM), una vez una propuesta se radica en un área libre (celda), esta se bloquea, impidiendo nuevas solicitudes sobre la misma celda, salvo concesiones concurrentes. Esta medida evita superposiciones y aplica la norma con mayor transparencia y eficacia.