El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto que reglamenta la Ley 2387 de 2024, sobre la sanción de amonestación pública escrita. Esta medida busca fortalecer la prevención y sanción de infracciones ambientales, permitiendo a las autoridades reemplazar multas por amonestaciones para personas naturales con capacidad socioeconómica insuficiente. La amonestación siempre irá acompañada de asistencia a cursos obligatorios de educación ambiental o la realización de servicio comunitario. La opción de los cursos es por única vez; futuras infracciones implicarán servicio comunitario. Las actividades comunitarias abarcan desde apoyo en educación ambiental, restauración ecológica y limpieza de ecosistemas, hasta gestión de residuos. El incumplimiento de estas medidas complementarias acarreará multas, fomentando la preservación del medio ambiente y los recursos naturales.

La SDA consideró inviable jurídicamente el Proyecto de Acuerdo que pretende promover y fortalecer soluciones de adaptación urbana basadas en la naturaleza, como techos verdes, cubiertas reflectivas y jardines verticales, en el distrito capital. Tras revisar la iniciativa, que busca mitigar el efecto de isla de calor y mejorar el microclima urbano, la SDA concluyó que el proyecto no presenta mecanismos novedosos o distintos a los ya existentes en el ordenamiento jurídico. El Distrito ya cuenta con un amplio marco normativo, incentivos y guías técnicas sobre el tema, y la Secretaría ya ofrece acompañamiento técnico y asesoría gratuita.

El Gobierno delimitó tres Distritos Mineros Especiales en Nariño como parte de su política de transformación territorial y minería sostenible. La medida busca ordenar la actividad minera, promover la formalización y generar alternativas económicas para las comunidades, bajo un enfoque de diversificación productiva y transición energética justa. Estos distritos funcionarán como espacios de articulación entre autoridades, comunidades y sector productivo para construir planes estratégicos participativos. La iniciativa prioriza la protección ambiental, el respeto por las comunidades étnicas mediante consulta previa y el mejoramiento de las condiciones de vida, consolidando un modelo de desarrollo integral en las regiones mineras.

El Ministerio de Ambiente precisó su postura sobre la exigencia de permisos de emisiones atmosféricas para explotaciones de material de arrastre a cielo abierto. La entidad precisó que el permiso no es un requisito indiscriminado para toda minería, sino que su exigencia depende de un análisis técnico que identifique la existencia efectiva de emisiones fugitivas significativas de contaminantes. Los proyectos que operen exclusivamente con material húmedo y no incluyan procesos como trituración o secado que generen polvo, no estarán sujetos automáticamente a dicho permiso. Esta aclaración busca evitar cierres preventivos y costos innecesarios para pequeños y medianos mineros, instruyendo a las Corporaciones Autónomas Regionales a verificar técnicamente cada caso y modificar licencias ambientales solo ante nuevos impactos.

El Gobierno impulsa un proyecto de decreto destinado a fortalecer la asistencia, atención, reparación integral y la restitución de derechos territoriales para las víctimas de los pueblos y comunidades indígenas. La normativa reglamenta el Decreto Ley 4633 de 2011 y se integra al Decreto 1084 de 2015, cimentándose en la protección constitucional de la diversidad étnica y cultural.  Establece medidas desde la restitución de vivienda y rehabilitación psicosocial hasta garantías de no repetición, asegurando la consulta previa y la participación activa de las autoridades indígenas para una reparación digna y culturalmente pertinente, vital para su permanencia y buen vivir.