El ministerio de Ambiente dio a conocer un proyecto de decreto que fija pautas estrictas para el ordenamiento ambiental en la Sabana de Bogotá, buscando un equilibrio entre el desarrollo y la conservación ecológica. La norma, amparada en la Ley 99 de 1993, busca blindar los ecosistemas prioritarios, regular el uso del suelo rural y proteger el recurso hídrico de la región frente a la presión urbana. El articulado garantiza que los procesos de formalización urbanística en curso sigan su trámite vigente y exige asegurar el mantenimiento de la infraestructura de servicios públicos preexistente. Asimismo, las autoridades ambientales y territoriales deberán salvaguardar los derechos de permanencia de las comunidades campesinas que habitan la zona.

Esta es una compilación efectuada por Prensa Jurídica sobre los conceptos expedidos en 2026 por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) sobre el servicio público de aseo. La entidad abordó temas como la actividad de aprovechamiento, la prestación del servicio público domiciliario de aseo y sus actividades complementarias, así como su articulación con acueducto y alcantarillado. También se pronunciaron aspectos sobre la terminación anticipada de contratos, la suspensión, corte y continuidad del servicio, incluyendo su aplicación en zonas rurales. Asimismo, se precisaron criterios sobre la prestación eficiente del servicio y su regulación en el marco del régimen de servicios públicos domiciliarios.

El Ministerio de Transporte expidió una Circular dirigida a las autoridades de tránsito de Caldas, Tolima y municipios cercanos, para exigir el cumplimiento de fallos judiciales de protección ambiental. El documento técnico recuerda que alcaldes y gobernadores son las autoridades de tránsito en sus territorios y deben adoptar medidas urgentes para mitigar el impacto vehicular en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Entre las directrices dictadas por la cartera nacional se incluye la implementación de picos y placas ambientales, la fijación de límites especiales de velocidad, la determinación de pasos de fauna y la prohibición de parqueo, con el fin de garantizar los derechos de este ecosistema protegido.

 El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), estructuraron un riguroso proyecto normativo que adopta los nuevos términos de referencia (TdR-13) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este instrumento técnico será obligatorio para todas las empresas que pretendan tramitar licencias ambientales globales o definitivas en actividades de explotación minera a mediana y gran escala en el país. El exhaustivo documento técnico unifica la metodología para identificar riesgos, exigir medidas de compensación biótica y evaluar la compatibilidad de los proyectos con el ordenamiento del territorio, optimizando el control del Estado sobre los grandes distritos mineros y blindando los ecosistemas estratégicos nacionales.

El Ministerio de Ambiente propone adoptar los nuevos términos de referencia en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un requisito indispensable para tramitar licencias ambientales globales o definitivas en la explotación de pequeña minería. La futura norma busca optimizar la evaluación y el control de los factores de deterioro ambiental en este renglón económico. El documento establece que el trámite de sustracción de reservas forestales nacionales se resolverá de manera conjunta con la licencia ambiental bajo un modelo de ventanilla única. Asimismo, fija un régimen de transición para proteger los trámites que ya iniciaron evaluación bajo la regla anterior y deroga la Resolución 590 de 2018.