El Ministerio de Ambiente precisó que el porcentaje no inferior al uno por ciento (1%) de los ingresos corrientes de libre destinación que deben destinar los departamentos, distritos y municipios en las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales, definido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, debe estar destinado a la adquisición o mantenimiento de áreas de interés para acueductos municipales, distritales y regionales o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales (PSA) en dichas áreas. El mantenimiento debe ser entendido de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad como aquellas actividades de preservación y restauración de los ecosistemas que se desarrollan directamente en los predios adquiridos. Así mismo, se permite invertir estos recursos en gastos asociados, que, para el caso de predios adquiridos, corresponderá a los gastos de su custodia y administración.

La Dirección Legal Ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente emitió concepto jurídicamente viable pero condicionado frente al Proyecto que busca estructurar una gestión integral para descontaminar, preservar y restaurar el Río Bogotá mediante la creación de la Gerencia Estratégica de la Cuenca Hidrográfica y el Fondo Común de Cofinanciamiento. La entidad respaldó la propuesta legislativa por alinearse con los objetivos de protección del afluente, pero condicionó su viabilidad al cumplimiento estricto de una serie de observaciones técnicas. Asimismo, precisó que este pronunciamiento se emite bajo el marco del código administrativo, operando como un criterio orientador no obligatorio.

El Consejo de Estado negó la reposición del auto que rechazó la nulidad solicitada por la Junta de Acción Comunal de la Vereda Parajes de Condina contra la Resolución 0828 del 22 de mayo de 2018, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER). Dicha resolución otorgó permisos de vertimientos de aguas residuales y emisiones atmosféricas a Sercofun Ltda Funerales Los Olivos para operar un cementerio. La Junta argumentó irregularidades como falsa motivación, incumplimiento de requisitos legales y afectación a zonas residenciales. Sin embargo, el Consejo concluyó que el acto administrativo no estaba vigente, pues perdió fuerza ejecutoria tras cinco años sin recurso de reposición y que no se demostraron violaciones legales o impacto ambiental inminente. Por ello, mantuvo la decisión que negó la suspensión provisional de los efectos de la resolución, impidiendo su nulidad.

La UPME estableció un procedimiento especial y expedito para asignar capacidad de transporte a proyectos de generación eléctrica que ya cuenten con obligaciones energéticas vigentes y licencias ambientales cumplidas. Con miras a los años 2029 y 2030, esta normativa busca destrabar el flujo de trámites y acelerar la interconexión de nuevas fuentes de energía limpia al Sistema Interconectado Nacional. Al priorizar las iniciativas viables que ya tienen compromisos firmados con el país, el Gobierno nacional pretende responder eficazmente al crecimiento de la demanda energética, mitigar los riesgos asociados al cambio climático y fortalecer la soberanía y confiabilidad del servicio para todos los colombianos.

El Ministerio de Ambiente presentó un proyecto de Análisis de Impacto Normativo (AIN) con el objetivo de sustentar un reglamento técnico que regule la publicidad de productos con declaraciones ambientales en Colombia. La iniciativa busca combatir frontalmente el "ecoblanqueo" o greenwashing, erradicando afirmaciones falsas o exageradas para asegurar que los beneficios anunciados sean verídicos y comprobables. Asimismo, persigue proteger los derechos del consumidor al reducir la asimetría de información y estandarizar conceptos clave como "biodegradable" o "ecoamigable". Finalmente, el proyecto busca garantizar la competencia leal, salvaguardando a las empresas que invierten legítimamente en sostenibilidad, e impulsar patrones de consumo responsable en el país.