El Ministerio de Ambiente declaró el Páramo Almorzadero, en Santander y Norte de Santander, como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables por 151.091 hectáreas. La medida busca garantizar la conservación de la biodiversidad, la protección del ciclo hídrico y la integridad del suelo mientras se completa el proceso de delimitación participativa ordenado por la justicia. En aplicación del principio de precaución, se prohíben nuevas concesiones mineras y permisos para exploración o explotación de minerales, sin afectar otras actividades agrícolas, pecuarias o turísticas, siempre bajo determinantes ambientales vigentes. Esta resolución responde a sentencias constitucionales y compromisos con comunidades campesinas, reforzando la gobernanza ambiental y el desarrollo sostenible en ecosistemas de alta montaña.
El Consejo de Estado confirmó la decisión del Tribunal Administrativo del Meta que negó la suspensión provisional de las resoluciones expedidas por Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA, mediante las cuales se abrió investigación ambiental contra Distracom S.A., se formularon cargos, se impuso una medida preventiva de suspensión de obras y posteriormente una sanción relacionada con presuntas afectaciones a la ronda de protección de una fuente hídrica en Acacías, Meta, durante la construcción del proyecto hotelero Las Olas Distracom Las Corocoras. La Sala concluyó que los argumentos de la empresa -caducidad de la facultad sancionatoria, vulneración del debido proceso, falsa motivación, indebida valoración probatoria y errores en la tasación de la multa- no podían resolverse en sede cautelar porque exigen un análisis profundo del expediente administrativo y del fondo del litigio. El alto tribunal precisó que la suspensión provisional solo procede cuando la violación normativa surge de manera evidente de la confrontación entre los actos y las normas invocadas, situación que no se configuró en este caso. Además, reiteró que el silencio administrativo positivo no opera en materia sancionatoria ambiental.
El Ministerio de Ambiente puntualizó aspectos sobre la obligatoriedad de notificar a los titulares de licencias ambientales sobre las visitas de seguimiento. Aunque el Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos (Resolución 1552 de 2005) establece la necesidad general de comunicar la fecha de la visita para que el beneficiario prepare personal y documentos, esta norma no es absoluta. MinAmbiente precisa que, ante situaciones como contingencias o emergencias, las autoridades ambientales pueden realizar visitas sin aviso previo. Esto permite verificar hechos rápidamente y garantizar la implementación de medidas correctivas urgentes, siendo responsabilidad del titular informar sobre incidentes en un plazo de 24 horas.
El Ministerio de Ambiente precisó aspectos sobre la inversión del 1% de los ingresos corrientes destinados a la conservación de áreas estratégicas para acueductos municipales. Aclara que estos recursos deben ser usados exclusivamente para la adquisición o mantenimiento directo de predios con actividades de preservación y restauración ecológica. No es jurídicamente viable destinar fondos para contratación de personal operativo o técnico ni para proyectos de caracterización ambiental. Sin embargo, sí se permite financiar gastos asociados a monitoreo y seguimiento ambiental. La autoridad ambiental competente brindará el apoyo técnico necesario a las entidades territoriales para garantizar el cumplimiento normativo y adecuado uso de los recursos.
El Ministerio de Agricultura declaró nuevas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en municipios de Antioquia y Cundinamarca, con el objetivo de preservar suelos estratégicos para la actividad agropecuaria y fortalecer la seguridad alimentaria del país. A través de las resoluciones 116 y 117 de 2026, la cartera protegió territorios ubicados en Betania, Betulia, Pueblorrico y Támesis, en el suroeste antioqueño, así como en el municipio de Cogua, en Cundinamarca. Las medidas buscan orientar el uso del suelo, proteger la vocación agrícola de estas zonas y promover el desarrollo rural sostenible mediante instrumentos de planificación y conservación productiva.