El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes publicó un proyecto de resolución para adoptar el Capítulo de Pueblos Indígenas como parte integral del Plan Nacional de Cultura 2024-2038. La iniciativa se sustenta en el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, conforme al Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 de 1991. El proceso fue concertado con la Mesa Permanente de Concertación (MPC), incluyó fases de preconsulta, despliegue territorial en 31 departamentos y protocolización en diciembre de 2025. El capítulo busca garantizar la participación efectiva de los pueblos indígenas y orientar la implementación, seguimiento y armonización de políticas culturales con enfoque diferencial en todo el país.

El DAPS publicó un proyecto de decreto que refuerza la atención y reparación integral a las víctimas del pueblo Rrom o Gitano. La normativa, que adiciona el Decreto 1084 de 2015 y reglamenta el Decreto Ley 4634 de 2011, reconoce al pueblo Rrom como un grupo étnico con identidad cultural propia, en línea con la Constitución y convenios internacionales. Se establece un enfoque diferencial para la ayuda humanitaria, adaptado a sus características culturales y el Zakono. Además, se crea una detallada ruta de reparación colectiva que incluye fases de identificación, preconsulta y consulta previa, caracterización del daño, formulación, protocolización e implementación de un Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRCRK), considerando la itinerancia y los sistemas de justicia propios. El decreto también prevé indemnizaciones colectivas, coordinación interinstitucional y una ruta preferente para la restitución de tierras, buscando proteger la integridad y la identidad social y cultural de esta comunidad.

El Ministerio de Minas absolvió inquietudes sobre las Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA y APPA), aclarando que el Ministerio de Agricultura tiene la competencia exclusiva para su delimitación. MinMinas, junto con la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), remitió comentarios a la propuesta de modificación de la Resolución 161 de 2024, que declaró las APPA en La Guajira, los cuales están siendo analizados. Si bien reconoce que las APPA son determinantes de ordenamiento territorial que priorizan la seguridad alimentaria, el Ministerio subraya que la declaratoria de APPA no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, protegiendo así los títulos mineros formalmente otorgados y vigentes. Cuestiones sobre el impacto económico y la valoración de reservas han sido remitidas a la ANM, dada su competencia en la administración de recursos mineros.

La SIC pidió a MinSalud sustentar el cambio de resoluciones (ej. 683, 4142/2012) de "reglamentos técnicos" a "Medidas Sanitarias y Fitosanitarias" (MSF) para corregir la doble notificación internacional. MinSalud identificó que estas normas, que establecen requisitos sanitarios para materiales en contacto con alimentos, fueron erróneamente denominadas y notificadas bajo los Acuerdos OTC y MSF, causando cargas administrativas. Aunque la SIC valora la reducción de obstáculos, la industria teme perder garantías del Acuerdo OTC y enfrentar aplicaciones más estrictas bajo las MSF. Por ello, la SIC recomienda detallar las consecuencias jurídicas, técnicas y procedimentales del cambio, incluyendo su impacto en costos y trámites, para garantizar seguridad jurídica a los agentes del mercado.

El Ministerio de Vivienda publicó un proyecto de norma para actualizar la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural, integrando la Categoría de Sostenibilidad Social y Ambiental en la focalización de subsidios. La modificación responde a la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), que busca gestionar el hábitat y proteger áreas estratégicas para alimentos y biodiversidad, así como fortalecer territorios campesinos y étnicos. La metodología anterior no consideraba directamente variables de conservación, lo que impedía priorizar hogares en zonas de alto valor ambiental o cultural. Con esta reforma, el Ministerio alinea la política de vivienda rural con una visión de hábitat integral, que refuerza la protección de ecosistemas y la permanencia territorial en coherencia con la iniciativa "Nuestro Hábitat Biodiverso".