Con el cierre del Gobierno de Gustavo Petro, estas son las últimas normas firmadas y publicadas durante los dos últimos días de su mandato. El paquete regulatorio concentra medidas en los sectores medio ambiente, minas y servicios públicos domiciliarios, con disposiciones sobre cambio climático, mercados de carbono, protección de ecosistemas, pequeña minería, agua, saneamiento y medidores de energía prepago. También incluye normas de infraestructura, contratación pública, asuntos laborales, transporte y sector financiero, que introducen ajustes en regulación técnica, desarrollo territorial, mano de obra local y movilidad.
Sector Medio ambiente y Minas
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Crea CIESCAZÚ para implementar el Acuerdo de Escazú, en cumplimiento de mandatos constitucionales sobre ambiente sano y participación, así como obligaciones internacionales. La Comisión articulará políticas y acciones nacionales para garantizar efectivamente los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. |
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Reglamenta y pone en operación el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión (PNCTE). Su objetivo es incentivar la reducción de gases de efecto invernadero y contribuir a las ambiciosas metas de mitigación del país, reflejadas en la NDC y otras políticas de acción climática, estableciendo la estructura y responsabilidades para su funcionamiento. |
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El decreto se deriva con el fin de dar cumplimiento de los mandatos constitucionales de protección ambiental y los compromisos internacionales derivados de su adhesión a la OCDE. El objetivo es implementar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en instalaciones de almacenamiento y/o aprovechamiento de residuos sólidos no peligrosos, asegurando su manejo sostenible y la prevención del deterioro ambiental |
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Se reglamenta el Fondo SINAPYBA, creado por la Ley 2374 de 2024, para cumplir con el mandato de establecer su organización y funcionamiento. Este fondo busca financiar el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros, así como otros proyectos de bienestar animal dentro del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA), reafirmando el compromiso con la protección animal y ambiental |
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Reglamenta los mercados de carbono, estableciendo su desarrollo, condiciones, criterios y marco institucional. Su objetivo es asegurar una mitigación del cambio climático efectiva, transparente y con integridad ambiental, promoviendo acciones reales y verificables, y contribuyendo a las metas nacionales e internacionales. |
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Modifica el Decreto 1083 de 2015, Único del Sector Función Pública, en lo relacionado con la integración del Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional y la incorporación de la política de Gestión Ambiental Institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-. |
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Adiciona el Título 16 al Decreto 780 de 2016, adoptando la Política Integral de Salud Ambiental (PISA) y creando el Sistema Unificado de Información de Salud Ambiental (SUISA). Esto responde a mandatos constitucionales y legales, y a la necesidad de fortalecer la gestión intersectorial y el abordaje "Una Salud" para proteger la vida y el ambiente, reduciendo la carga de enfermedad ambiental. |
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MinAmbiente resolución 868-2026/Términos de Referencia
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Adopta los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos de pequeña minería. El objetivo es establecer lineamientos actualizados y obligatorios para prevenir y controlar el deterioro ambiental, asegurar el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales, incluyendo la evaluación de impactos por cambio climático, en cumplimiento de la normativa vigente. |
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MinAmbiente resolución-947-2026
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Establece el Plan Maestro de Erosión Costera (PMEC) 2025-2040. Este instrumento de política intersectorial es el resultado de un extenso proceso técnico, participativo y de coordinación con diversas entidades, la academia y la ciudadanía, consolidando los lineamientos y acciones necesarias para enfrentar la problemática de la erosión en las zonas costeras de Colombia |
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MinAmbiente resolución 961-2026/Documento Técnico/Listado Consejos/Listado Resguardos/Municipios Bioma |
Declara el bioma amazónico como reserva definitiva para proteger su inmenso valor ecológico, ambiental, cultural y ancestral. Esta medida busca preservar la riqueza natural, el ambiente sano, prevenir daños irreversibles y garantizar los derechos bioculturales y la pervivencia de los pueblos indígenas, ante riesgos críticos y la insuficiencia de protecciones existentes. |
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MinAmbiente resolución 970-2026
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Actualiza el área geográfica efectiva de la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal a 75.432,42 hectáreas, al incorporar polígonos cuyo estado jurídico cambió. También modifica el cronograma de actividades y prorroga la vigencia de la zona por dos años adicionales, hasta el 4 de marzo de 2029, para culminar estudios técnicos y garantizar la protección ambiental. |
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PROYECTO DE NORMA MINISTERIO DE AMBIENTE |
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Proyecto de resolución reglamento técnico fuentes móviles terrestres/Concepto ANLA/Memoria justificativa
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MinAmbiente propone modificar requisitos del Certificado de Emisiones para fuentes móviles terrestres usadas. Busca modificar la Resolución 762 de 2022 y la 683 de 2026 para asegurar la coherencia técnica y efectividad del control ambiental. La reforma elimina el criterio de 8,000 horas de uso para el Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD) en fuentes móviles usadas, debido a la imposibilidad de verificar objetivamente su estado. Se busca delimitar la aplicación del CEPD a fuentes nuevas y usadas con trazabilidad fiable, garantizando resultados verificables y un control ambiental previo robusto. |
Servicios públicos domiciliarios
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Incorpora criterios ambientales y de servicios públicos en la planificación territorial diferenciada. Esta medida busca adaptar la planificación territorial a las realidades únicas de cada municipio, priorizando sus capacidades administrativas y fiscales, dinámicas sociales, aspectos ambientales, y la disponibilidad de servicios públicos esenciales como acueducto, alcantarillado y energía. |
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Modifica el Decreto 1077 de 2015 para consolidar el derecho fundamental al agua y saneamiento básico, esencial para una vivienda digna y el bienestar. La reforma faculta a Fonvivienda para estructurar y ejecutar proyectos clave, asegurando el acceso y el mínimo vital de la población, con enfoque diferencial y promoción de la gestión comunitaria. |
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El Ministerio de Minas y Energía establece directrices para la implementación de medidores de energía prepago. El objetivo es asegurar la continuidad del servicio eléctrico a los usuarios, ofreciendo una alternativa menos severa que la suspensión por falta de pago. Busca mitigar la morosidad y garantizar el acceso ininterrumpido a la energía, especialmente para quienes enfrentan dificultades socioeconómicas |
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SSPD Circular conjunta CRA y MVCT 01-2026
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SSPD, MVCT y CRA establecen obligaciones a entidades territoriales para para la adecuada prestación del servicio público de aseo. Entre sus obligaciones se encuentran censar a los recicladores, identificar los centros de acopio y reportar los aportes bajo condición, de acuerdo con los términos y plazos definidos por la SSPD, con el propósito de garantizar la adecuada prestación del servicio. |
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SSPD impulsa nuevas herramientas para fortalecer la vigilancia ciudadana sobre los servicios públicos. Esta iniciativa busca promover una participación ciudadana más informada, facilitar la comprensión y vigilancia de los servicios públicos y garantizar el acceso a información relevante mediante un lenguaje claro y con enfoque territorial. |
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SSPD establece cómo los prestadores de servicios públicos deben reportar las reclamaciones, quejas y recursos de los usuarios al Sistema Único de Información (SUI). La norma detalla la estructura y periodicidad de estos reportes, y exige el registro de puntos de atención presencial y canales digitales. Su fin es estandarizar la información para optimizar la inspección, vigilancia y control, asegurando mayor transparencia y protección al consumidor. |
Sectores infraestructura
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Fortalece las buenas prácticas de reglamentación técnica en Colombia, alineándose con compromisos constitucionales e internacionales. Busca mejorar la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia en la expedición de normas técnicas, procedimientos de evaluación de la conformidad y medidas sanitarias/fitosanitarias, incorporando el Análisis de Impacto Normativo y la consulta pública. |
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Impulsa financiación de MiPymes mediante titularización de activos y acceso a recursos de inversionistas. Impulsa la financiación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) mediante mecanismos de titularización de sus activos. La medida permite que las sociedades fiduciarias y titularizadoras conviertan activos como carteras de crédito o flujos de caja en títulos valores para ofrecerlos en el mercado. |
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Reglamenta el uso compartido del espectro radioeléctrico IMT para maximizar el bienestar social y el uso eficiente de este recurso público. La norma busca cerrar la brecha digital, expandir la conectividad y mejorar la calidad de los servicios en zonas rurales y desatendidas, fomentando la competencia y el acceso universal a las TIC para todos los habitantes. |
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Reglamenta los Esquemas Asociativos Territoriales. Este decreto actualiza el procedimiento de registro en el REAT y la presentación/ejecución de iniciativas con recursos públicos, impulsando la gobernanza y la inversión de impacto regional |
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Elimina el plazo de seis meses en el registro de cambios o cancelaciones de inversiones internacionales. El objetivo es reducir las infracciones cambiarias (90% por extemporaneidad), armonizar los términos y permitir el registro en cualquier momento si la inversión es lícita, promoviendo mayor flexibilidad. |
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Modifica el Decreto 1077 de 2015 para optimizar el proceso de designación de curadores urbanos mediante concurso de méritos, asegurando la transparencia, idoneidad y continuidad del servicio. La medida busca fortalecer la función pública en el licenciamiento urbanístico, acorde con principios constitucionales de eficacia y moralidad administrativa |
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Reglamenta acciones urbanísticas y asegura la participación ciudadana en los POT, en cumplimiento de mandatos legales y judiciales. Además, establece lineamientos para la medición, inventario y aprovechamiento económico sostenible del espacio público, buscando una gestión territorial eficiente, transparente y protectora del interés general. |
Sector Contractual
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Decreto fortalece la Compra Pública Sostenible con criterios ambientales, sociales y económicos. Impulsa la Compra Pública Sostenible, exigiendo a entidades integrar criterios ambientales, sociales y económicos en todos los procesos y justificar su no inclusión. También, establece una caución para impugnar el Registro Único de Proponentes (RUP), fortalece el reporte de multas, sanciones e inhabilidades a las cámaras de comercio y exige cláusulas anticorrupción y verificación de listas restrictivas internacionales, buscando mayor transparencia y valor público. |
Sector laboral
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Regula la contratación mínima del 50% de mano de obra local en inversiones y programas regionales. Este decreto se emite para cumplir el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023 y garantizar el derecho fundamental al trabajo digno, conforme a la Constitución y normas internacionales. Regula la contratación mínima del 50% de mano de obra local en inversiones y programas regionales, buscando promover el empleo, el desarrollo económico y la participación de las comunidades, siempre que exista capacidad laboral en la zona. |
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Reglamenta el trabajo doméstico remunerado, garantizando su formalización y condiciones laborales dignas. Busca proteger a este sector históricamente vulnerable, asegurando derechos fundamentales como la seguridad social, igualdad, libertad sindical, y mecanismos de inspección, en línea con la Constitución y convenios internacionales. |
Sector transporte
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Moderniza la regulación del transporte fluvial público. El objetivo es garantizar un servicio más accesible, de calidad y competitivo, cubriendo aspectos esenciales previamente no reglamentados. La reforma busca fortalecer la operación de empresas, actualizar normas técnicas de embarcaciones. |
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Modifica la reglamentación de Educación y Transporte para integrar la enseñanza sistemática de la educación vial. El objetivo es desarrollar competencias esenciales en niños, niñas y adolescentes para el uso adecuado, responsable y seguro de la bicicleta y otros medios de movilidad, fortaleciendo una cultura de seguridad y prevención en las vías. |
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Busca garantizar la accesibilidad, seguridad y formalización del transporte público, así como los servicios de tránsito y escolar, en áreas con condiciones especiales (rurales, geográficas, etc.) que impiden la prestación normal del servicio |
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Actualiza el marco regulatorio del servicio de taxi para fortalecer su eficiencia, transparencia y seguridad, respondiendo a dinámicas operativas y sociales actuales. Busca simplificar trámites, eliminar obstáculos administrativos y mejorar el control y la calidad del servicio, consolidando la modalidad para atender las necesidades del país |
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Actualiza la regulación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial. El objetivo es asegurar una prestación eficiente, segura y de calidad, modernizando la normativa para responder a las necesidades actuales del sector y su vital importancia para el desarrollo económico y turístico del país, en el marco de la Constitución y leyes vigentes |
Sector financiero
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Reglamenta la portabilidad financiera, un derecho establecido por la Ley 2294 de 2023. Esto busca fomentar la inclusión, la competencia y la innovación en el sistema, permitiendo a los consumidores trasladar productos de crédito entre entidades de forma transparente y gratuita, potenciando su libertad de elección y acceso a mejores servicios financieros. |
La Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional ordenó acciones urgentes y compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, debido al bajo nivel de cumplimiento de las órdenes encaminadas a garantizar el acceso a agua potable para la niñez Wayuu. La decisión se fundamentó en el incumplimiento reiterado de los municipios de Maicao, Manaure y Uribia en la caracterización de la población infantil, así como en la falta de cumplimiento de Corpoguajira frente a la entrega del estudio sobre minería y agua, y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio respecto de las medidas ordenadas para garantizar el suministro del recurso. La Sala advirtió que no existen avances verificables en la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua, y rechazó cualquier reducción del estándar mínimo establecido de 20 litros diarios por persona. Descargar Auto/ Comunicado de prensa
La SSPD emitió una circular dirigida a gobernadores, alcaldes y prestadores de gas combustible (GLP), enfatizando la obligación estatal de garantizar el acceso eficiente a este servicio esencial. La entidad subraya que el GLP, distribuido por tubería o cilindros, es crucial para zonas apartadas, siendo a menudo la única alternativa viable. La SSPD advierte que las competencias de ordenamiento territorial no deben traducirse en restricciones desproporcionadas que limiten el acceso al GLP. Cualquier medida administrativa debe ser razonable, proporcional y coordinada, asegurando la prestación continua y segura, bajo estrictos estándares de calidad y protección al usuario. Cabe destacar que esta circular no hace referencia a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La SSPD orientó a particulares interesados en constituir y operar empresas prestadoras. Ante diversas consultas sobre los requisitos para iniciar actividades, la entidad reitera que, si bien no se exige autorización previa de la Superservicios ni de municipios para su creación, los prestadores deben cumplir con la normativa mercantil general y la Ley 142 de 1994. Se subraya la necesidad de obtener concesiones, permisos ambientales y municipales antes de la prestación del servicio. Una vez operando, es obligatoria la inscripción en el RUPS, el reporte al SUI, el pago de contribuciones especiales y la contratación de auditorías externas.
¿Cuándo pueden los prestadores exigir deudas anteriores en facturación conjunta? SSPD precisa requisitos y límites
La SSPD precisó aspectos sobre la facturación conjunta y la exigibilidad de obligaciones. Recordó que un convenio de facturación conjunta es un mecanismo operativo entre prestadores, no un generador de nuevas deudas para los usuarios. Las obligaciones anteriores a estos acuerdos solo son exigibles si el prestador demuestra la relación contractual, la prestación efectiva del servicio y la entrega adecuada de la factura, respetando siempre el debido proceso y la defensa del usuario. La suspensión del servicio por mora es una facultad legal, pero su aplicación debe adherirse a la normativa. Se subraya que la prescripción para el cobro ejecutivo es de cinco años desde la exigibilidad de la obligación.