El Gobierno publicó un proyecto de decreto para formalizar la participación plena y efectiva de pueblos y organizaciones indígenas, incluidos los amazónicos, en su agenda internacional en asuntos que los afecten. Esta medida adopta protocolos de relacionamiento, concertados con la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y la Mesa Regional Amazónica (MRA), que buscan garantizar la consulta previa, libre e informada. La iniciativa se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, el Convenio 169 de la OIT y declaraciones internacionales, reconociendo la diversidad étnica, cultural, la autodeterminación y el autogobierno indígena. Para asegurar su cumplimiento, se establecerán comités técnicos de seguimiento, fortaleciendo así la inclusión y protección de los derechos colectivos en el ámbito global.

El Gobierno publicó un proyecto de decreto que extiende los plazos para la implementación plena del Registro Universal de Ingresos (RUI). La medida busca garantizar el alistamiento técnico, operativo e institucional necesario, así como una transición ordenada para la focalización de programas sociales. Las entidades públicas deberán adoptar el RUI como único instrumento de focalización a partir del 1 de agosto de 2026. Asimismo, el proceso de transición para beneficiarios actuales, incluyendo jornadas de pedagogía ciudadana, finalizará el 31 de octubre de 2026. El Departamento Nacional de Planeación brindará asistencia técnica para este crucial ajuste, buscando asegurar la estabilidad operativa y la adopción efectiva del RUI.

El Ministerio de Ambiente publicó una iniciativa para establecer cómo se debe adelantar la delimitación progresiva de los ecosistemas de páramo en Colombia. Este enfoque responde a órdenes judiciales que exigían mayor participación ciudadana, como la Sentencia T-361 de 2017, la cual dejó sin efecto delimitaciones previas por falta de consulta efectiva. La iniciativa permitirá formalizar los avances logrados en los procesos participativos, reconociendo los acuerdos y consensos alcanzados en diferentes municipios mediante la expedición de actos administrativos. El objetivo es evitar el estancamiento, desincentivar a las comunidades y, sobre todo, habilitar la implementación temprana de medidas de protección, restauración y gestión social contempladas en la Ley 1930 de 2018, garantizando la continuidad e integralidad de la protección de estos ecosistemas estratégicos vitales para el recurso hídrico.

El Ministerio de Minas y Energía impulsa un proyecto de decreto clave para la transición energética de Colombia. La iniciativa busca adicionar una sección al Decreto 1073 de 2015, estableciendo la obligatoriedad y los criterios para la instalación de infraestructura de carga para vehículos eléctricos en los parqueaderos de entidades públicas del orden nacional. El objetivo es promover la movilidad eléctrica, la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes, alineándose con metas nacionales como tener 600.000 vehículos eléctricos para 2030 y que el 30% de la flota pública sea eléctrica. Las entidades deberán diagnosticar y planificar la instalación de puntos de carga para mayo de 2027 y tenerlos instalados para diciembre de 2028, con responsabilidades presupuestarias y criterios de seguridad y sostenibilidad. Un paso fundamental hacia flotas más limpias y un aire más puro.

El MinCit impulsa un proyecto para establecer "aranceles inteligentes", una política comercial diseñada para la reindustrialización, la transición energética y el fortalecimiento de la producción nacional en Colombia. La iniciativa, fundamentada en la Ley 2294 de 2023, responde a la preocupante dinámica de incremento de importaciones de países sin acuerdos comerciales, que presiona la industria local. El objetivo es proteger el empleo, atraer inversión, fomentar el desarrollo tecnológico y la competitividad. Se aplicará una metodología técnica para evaluar el universo arancelario y solicitudes específicas, incrementando los aranceles entre 10 y 20 puntos porcentuales sobre la tarifa NMF para ciertos productos, sin exceder los compromisos ante la OMC, buscando así equilibrar las condiciones de competencia y potenciar la capacidad productiva del país.