La Corte Constitucional se inhibió de emitir un fallo de fondo sobre la constitucionalidad del Decreto 639 de 2025, que convocaba a una consulta popular nacional, incluyendo preguntas sobre jornada laboral, recargos y formalización laboral. La decisión, Sentencia C-036/26, se fundamentó en la "sustracción de materia". La Corte constató que el decreto había sido derogado por el Decreto 703 de 2025, por lo que no se encontraba vigente ni producía efectos jurídicos, haciendo innecesario un pronunciamiento de fondo.
La Corte Constitucional convoca a una audiencia pública clave el 4 de marzo en Bogotá para abordar el expediente D-16791. Se analizará el impacto del Acto Legislativo 03 de 2023, que creó la Jurisdicción Agraria y Rural, en la garantía del "juez natural" dentro de la implementación de la Reforma Rural Integral (Decreto Ley 902 de 2017). La diligencia busca recabar información para proteger los derechos del campesinado colombiano y asegurar el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, cuestionando la efectividad de la fase judicial del Procedimiento Único.
La Corte Constitucional de Colombia y la OIT sellaron una alianza estratégica para fortalecer la aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo en el país. Mediante un memorando de entendimiento, ambas entidades buscan potenciar la formación judicial y el intercambio de experiencias sobre derechos laborales. La magistrada Paola Meneses Mosquera y el director Italo Cardona resaltaron que este acuerdo permitirá adaptar principios internacionales a desafíos como la digitalización y el trabajo en plataformas. Bajo el marco del artículo 93 constitucional, la cooperación pretende que las decisiones judiciales reflejen compromisos internacionales, consolidando la justicia social y el trabajo decente como pilares fundamentales del desarrollo sostenible
La Corte Constitucional revocó la decisión del Consejo de Estado que había declarado improcedente una acción de tutela promovida dentro de un proceso de nulidad simple contra el acto administrativo que delimitó la franja de protección de rondas hídricas en un municipio. Los accionantes alegaron vulneración del debido proceso porque, pese a que la delimitación afectaba directamente sus predios y derechos, no habrían sido debidamente vinculados ni notificados en el trámite judicial, lo que les impidió ejercer defensa y contradicción. El Consejo de Estado rechazó la tutela al considerar que no cumplía los requisitos de procedencia contra providencias judiciales.
La Corte Constitucional dirimió un conflicto de jurisdicciones suscitado entre un juzgado civil de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y concluyó que este último es el competente para continuar la demanda ejecutiva presentada por Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. contra la Nación – Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Hacienda. La empresa busca el pago de más de $132.556 millones ordenados en una resolución del Ministerio de Minas por concepto de subsidios a las tarifas de energía correspondientes al segundo trimestre de 2024, así como los intereses moratorios causados y los que se sigan generando hasta el pago total. La Corte explicó que el litigio no surge de un contrato de servicios públicos, sino del cumplimiento de un acto administrativo que ordenó el giro de recursos públicos.