La CREG sometió a consulta pública un proyecto de resolución para implementar medidas transitorias y salvaguardar a los usuarios regulados de la inminente alza y volatilidad de precios en el mercado de energía. Ante la confirmación de un Fenómeno de El Niño "fuerte a muy fuerte" proyectado hasta principios de 2027, y con una creciente exposición de los comercializadores a la bolsa de energía, la CREG propone habilitar la contratación directa de energía. Esta medida excepcional permitirá a los comercializadores suscribir contratos tipo "Pague lo Contratado", "Pague lo Contratado Condicionado a Excedentes" y "Pague lo Demandado" con precios fijos y cantidades determinadas. El objetivo es incrementar la cobertura de la demanda regulada y trasladar costos estables en el componente de generación de la tarifa, evitando incrementos abruptos. Los contratos deberán formalizarse antes del 1 de octubre de 2026 y tendrán una duración máxima hasta el 31 de diciembre de 2027.

La CREG publicó un proyecto de resolución que define las exigencias de calidad del servicio aplicables a los compensadores síncronos que se instalarán en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. La iniciativa busca garantizar una prestación continua y eficiente del servicio eléctrico, en un contexto de mayor integración de energías renovables no convencionales, mediante el fortalecimiento de la estabilidad de tensión, la inercia del sistema y la confiabilidad de la red. El documento establece las máximas horas anuales de indisponibilidad permitidas según el tipo de compensador, así como las condiciones para la programación de mantenimientos mayores. Además, incorpora lineamientos sobre compensaciones por incumplimientos y estará en consulta pública durante diez días hábiles para recibir comentarios de agentes, usuarios y autoridades.

El Consejo de Estado precisó que, dentro de los procesos de cobro coactivo, los actos administrativos que sirven de fundamento a la ejecución deben encontrarse debidamente ejecutoriados. En ese sentido, señaló que la presentación de una demanda judicial contra dichos actos afecta su fuerza ejecutoria e impide continuar con el trámite de cobro.

El Gobierno, a través del Ministerio de Minas y Energía y la CREG, dejará listo un paquete de medidas regulatorias para fortalecer la seguridad energética del país y afrontar el Fenómeno de El Niño. Anunciadas recientemente por el ministro Edwin Palma desde Cartagena, estas disposiciones, que quedarán en firme en los próximos días, establecen un programa nacional que premia el ahorro y castiga el derroche de energía. Los usuarios que reduzcan su consumo hasta en una tercera parte podrán obtener descuentos de hasta el 40% en su factura, mientras que quienes incrementen su uso pagarán un cobro adicional proporcional al exceso. Estas herramientas buscan reducir la demanda en períodos de estrechez energética y proteger la confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Además, se establecerá un marco regulatorio permanente que permitirá activar medidas extraordinarias de forma inmediata ante futuras contingencias climáticas, garantizando la estabilidad tarifaria, protegiendo a los usuarios y preservando las reservas hídricas del país, consolidando un legado para no improvisar frente al cambio climático

El Ministerio de Minas publicó para consulta pública un proyecto que busca adoptar el Marco Sectorial de la Transición Energética Justa (TEJ), un instrumento clave de política pública para el sector minero-energético colombiano. Esta resolución busca orientar, articular y dar seguimiento técnico a los planes, institucionalizando la Mesa Técnica de la TEJ y utilizando la Hoja de Ruta existente. Su objetivo es dirigir la descarbonización progresiva, fomentar energías renovables, impulsar la eficiencia energética y promover la reconversión productiva y laboral en regiones dependientes de combustibles fósiles. Se definen acciones estratégicas para hidrocarburos, carbón, minerales y el sector eléctrico, priorizando la soberanía energética, seguridad jurídica, justicia social y participación ciudadana en la gestión eficiente de recursos públicos.