La CREG informó que no confirma el cambio de condición del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y determinó mantenerlo en estado de vigilancia, pese al reporte presentado por XM S.A. E.S.P., que recomendaba declarar dicha condición conforme a la Resolución CREG 026 de 2014, correspondiente al Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento. Tras evaluar las condiciones del sistema, la Comisión concluyó que, si bien los aportes hídricos se mantienen por debajo de los promedios históricos y la evolución de la demanda continúa bajo seguimiento, existe suficiente capacidad de generación térmica y los niveles de los embalses se encuentran por encima del 50 % del histórico. En consecuencia, el SIN permanecerá en vigilancia, mientras la CREG reiteró el llamado a realizar un uso responsable de la energía ante la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño.
La regulación vigente no contempla mecanismos que permitan la venta, cesión o transferencia a terceros del punto de conexión asignado a proyectos de Generación Distribuida (GD). En el caso de los Proyectos Clase 1, la cesión de capacidad de transporte únicamente procede en las condiciones expresamente previstas por la regulación, esto es, cuando tanto el proyecto cedente como el cesionario hayan sido asignados al mismo interesado y se cumplan los requisitos establecidos, sin que ello implique un cambio de titularidad o de propietario del proyecto. En consecuencia, la normativa no prevé un procedimiento para acreditar nuevos titulares como resultado de una compraventa del proyecto o de sus derechos de conexión. Respecto de las disposiciones contenidas en la Resolución UPME 528 de 2021, las consultas deben ser resueltas por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Estas precisiones fueron emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
La Autogeneración Colectiva permite que los usuarios que generan energía, principalmente mediante sistemas fotovoltaicos, compartan sus excedentes con otros integrantes de una comunidad energética que únicamente consumen electricidad de la red, de manera que dicha energía compense su demanda. Para acceder a este esquema, cada participante debe contar con un medidor y un punto de conexión independientes, y todas las fronteras comerciales deben estar representadas por un mismo comercializador. Asimismo, la autogeneración colectiva está sujeta a un límite de capacidad instalada inferior a 5 MW y exige que los participantes pertenezcan al mismo mercado de comercialización y al mismo Sistema de Distribución Local (SDL). La liquidación de los excedentes se realiza conforme a las reglas previstas en la regulación vigente, según la capacidad total del esquema. Estas precisiones fueron emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
El Ministerio de Minas y Energía impulsa una resolución orientada a La Guajira que formaliza instrumentos de articulación y coordinación en el marco del Pacto por la Transición Energética Justa. La iniciativa busca garantizar la participación efectiva de las autoridades tradicionales Wayuu, las entidades territoriales y las empresas involucradas en el desarrollo de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) y líneas de transmisión.
El Gobierno propone adoptar una nueva Política Pública de Derechos Humanos para el Sector Minero Energético, con el propósito de fortalecer la protección, promoción y garantía de los derechos humanos en el desarrollo de las actividades mineras y energéticas, reemplazando la regulación vigente desde 2018. La iniciativa incorpora estándares de debida diligencia empresarial y enfoques transversales de género, territorio, interculturalidad y justicia ambiental, con el fin de prevenir y gestionar los riesgos asociados a los impactos socioambientales, los conflictos territoriales, las afectaciones a comunidades y los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, busca promover un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, fortalecer la participación ciudadana, garantizar mecanismos de diálogo y rendición de cuentas, y consolidar una gestión del sector basada en el respeto por la vida, la diversidad cultural y el medio ambiente.