El Gobierno propone adoptar una nueva Política Pública de Derechos Humanos para el Sector Minero Energético, con el propósito de fortalecer la protección, promoción y garantía de los derechos humanos en el desarrollo de las actividades mineras y energéticas, reemplazando la regulación vigente desde 2018. La iniciativa incorpora estándares de debida diligencia empresarial y enfoques transversales de género, territorio, interculturalidad y justicia ambiental, con el fin de prevenir y gestionar los riesgos asociados a los impactos socioambientales, los conflictos territoriales, las afectaciones a comunidades y los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos. Asimismo, busca promover un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, fortalecer la participación ciudadana, garantizar mecanismos de diálogo y rendición de cuentas, y consolidar una gestión del sector basada en el respeto por la vida, la diversidad cultural y el medio ambiente.