Sección 3 (2584)
El Consejo de Estado, resolvió un conflicto negativo de competencia entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Administrativo del Meta. El caso involucraba una demanda presentada por Ecopetrol S.A. contra Frontera Energy Colombia, relacionada con el incumplimiento de contratos de asociación y participación. La Corte reiteró que la competencia para tramitar demandas contractuales se basa en el lugar de ejecución del contrato. Aunque el domicilio contractual se había acordado en Bogotá, el tribunal determinó que, dado que los contratos se ejecutaron en diferentes ubicaciones, incluyendo Cundinamarca y Meta, la demanda presentada inicialmente en Cundinamarca debe ser atendida por su tribunal. Por tanto, el Consejo declaró al Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el competente para continuar con el proceso. Esta decisión resalta la importancia de la jurisdicción territorial en asuntos contractuales.
Electricaribe SA ESP debe responder patrimonialmente por las lesiones padecidas por la víctima en el accidente producido por un cable de energía eléctrica de alta tensión que se encontraba en la vía que conduce de Montería al municipio de Lorica
El Consejo de Estado declaró a Electricaribe SA ESP responsable patrimonialmente por las lesiones a la víctima en el accidente ocurrido el 17 de julio de 2009, debido a su responsabilidad como prestadora del servicio de energía eléctrica y propietaria de las líneas de conducción que causaron el incidente. Se determinó que el cable de alta tensión que impactó al motociclista se desprendió por falta de mantenimiento y vigilancia adecuada de la empresa, lo que representa una falla en el servicio.
El Consejo de Estado abordó el caso presentado contra la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) y el Ministerio de Vivienda. La sentencia confirmó la responsabilidad patrimonial de la CARDER bajo el título de "falla del servicio" por los daños causados al incumplir con su deber de prevenir inundaciones. Se determinó que la construcción de jarillones sobrepasó la zona de dominio público, afectando la propiedad privada de las demandantes, generando un daño antijurídico en el área ocupada.
El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la Directiva Presidencial No. 06 del 14 de noviembre de 2023, en la que se imponían prohibiciones a las entidades públicas del orden nacional para celebrar contratos y convenios interadministrativos. Al considerar que la solicitud de suspensión cumplía con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo determinó que había fundamentos suficientes para suspender los efectos de la directiva, reconociendo que su implementación podría ir en contra del marco normativo aplicable y afectar el desarrollo de políticas públicas efectivas.
El Consejo de Estado corrigió el auto del 24 de julio de 2023, a solicitud de la Agencia Nacional de Minería (ANM), para dejar claro que se improbó la fórmula de conciliación presentada por las partes. Esta fórmula buscaba declarar la nulidad del contrato de concesión minera con la Sociedad Minera del Norte S.A.S. debido a la superposición entre el título de explotación y un área designada como reserva especial. El auto original había generado confusión, ya que se había comunicado incorrectamente la situación respecto a la fórmula de conciliación. La ANM argumentó la necesidad de aclarar la decisión en relación con el hecho de que la revocatoria directa de actos administrativos era inviable tras la notificación del auto admisorio de la demanda. Finalmente, el Consejo determinó que, pese al interés en una solución conciliatoria, la fórmula no cumplía con los requisitos de legalidad establecidos, lo que llevó a la imposibilidad de su aprobación.
La sentencia del Consejo de Estado está relacionada con la controversia suscitada entre Integral S.A. y el IDU en la que se examinaron los riesgos contractuales desde la perspectiva de la Ley 1150 de 2007. Según el artículo 4º de esta ley, el "riesgo previsible" se circunscribe a situaciones externas que emergen tras la formalización del contrato, las cuales pueden ser identificadas y cuantificadas, alterando así los resultados económicos esperados en términos de ingresos y costos. En este contexto, se establece que, si un riesgo asumido por el contratista presenta efectos desproporcionados, catalogados como anormales o extraordinarios, eso no garantiza una compensación automática por parte de la entidad estatal, ya que se deben considerar los umbrales de previsibilidad inicialmente acordados. Por lo tanto, es crucial que los contratistas evalúen adecuadamente la probabilidad de ocurrencia y el impacto económico de estos riesgos a la hora de formular sus ofertas, y que la asignación de riesgos en contratos públicos se maneje con claridad para evitar la carga desproporcionada de costos.
Según la sentencia, las obras públicas en cuestión debieron ser financiadas EPM E.S.P. y no por la Inmobiliaria San Fernando Plaza S.A. La demandante argumentó que la imposición de estas cargas urbanísticas, que incluían la construcción de obras civiles, generó sobrecostos que deberían haber sido cubiertos por el presupuesto municipal. Esta situación fue parte central de la reclamación presentada por la Inmobiliaria San Fernando Plaza S.A., alegando que fueron obligados a asumir costos que legalmente correspondían a EPM.
El caso giró en torno a la validez de un contrato por desequilibrio económico y su relación con el enriquecimiento sin causa en el marco de la prestación de un servicio. La Sala, al abordó la figura del desequilibrio económico y el enriquecimiento sin causa, determinando que el demandante reclamó una ruptura del equilibrio contractual debido a la prestación de servicios educativos. La Sala resalta la necesidad de que las decisiones judiciales se alineen con las pretensiones manifestadas por el demandante en su demanda y apelación.
El Consejo de Estado estableció que la configuración de un desequilibrio económico en un contrato requiere no solo un grave desbalance prestacional, sino también la demostración de una causa extraordinaria, sobreviniente, imprevisible e inimputable a las partes. En este contexto, la simple disminución de la utilidad proyectada por el contratista no es suficiente para considerar que existe un desequilibrio en el vínculo contractual (sinalagma). Es fundamental tener en cuenta que los permisos, licencias o certificaciones necesarias para la ejecución de obras son considerados riesgos previsibles, que deben ser gestionados por el contratista, basado en su experiencia. Además, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 es claro en su aplicación a los procedimientos administrativos sancionatorios contractuales que se inicien después de su vigencia, independientemente de que el contrato se haya celebrado antes. Estas premisas son esenciales para determinar las responsabilidades y consecuencias en las relaciones contractuales, subrayando la importancia de la previsibilidad y planificación adecuada en la ejecución de contratos de obra
Consideraciones del Consejo de Estado sobre daño especial por modificación en usos del suelo y diferencias entre dictamen pericial e informe técnico
Generalmente, las modificaciones en el uso del suelo se consideran cargas públicas que todos los ciudadanos deben soportar equitativamente. Sin embargo, si una afectación es extraordinaria y provoca un daño severo a un propietario en particular, el Estado podría tener la obligación de compensar los daños, dado que se viola el principio de igualdad frente a las cargas impuestas.
