Consejo de Estado (6779)
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Vía tutela, la actora reclama por la suspensión del servicio de energía eléctrica. La Sala encuentra que no se cumple con el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela, debido a que, en este caso, existen otros medios de defensa para proteger el derecho fundamental al debido proceso de la actora, esto es, la vía administrativa establecida en el Capítulo VII de
El Consejo de Estado declaró “la nulidad parcial de los actos administrativos sancionatorios proferidos por el Procurador General de la Nación dentro del procedimiento respecto de la responsabilidad disciplinaria y la sanción impuesta al señor Mario Alejandro Aranguren Rincón en su calidad de director de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. El
La Sala señala que “el principio de la doble instancia se encuentra consagrado en el artículo 31 de la Constitución, según el cual toda sentencia podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la Ley. Este principio se predica de las actuaciones judiciales y forma parte del debido proceso. Su finalidad consistente en garantizar la corrección del
El actor solicitó declarar la nulidad de la liquidación unilateral del contrato y el reconocimiento y pago de sumas por obras adicionales. La “Sala comparte, plenamente, el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Quindío, en lo relativo a la no procedencia de un desequilibrio económico del contrato por el descuento efectuado por la entidad por la
Para la Sala, “si bien el Subdirector Administrativo y Financiero del Ministerio de Minas y Energía fue delegado para suscribir todos los actos y contratos que surjan en desarrollo de los procesos liquidatarios, lo cierto es que, tal como lo refirió el agente del Ministerio Público en su intervención, su competencia estaba limitada a tal actuación, es decir, únicamente
Se demandó la nulidad del acto de elección del gobernador del departamento de La Guajira, aduciendo que incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo. La Sala declaró la nulidad del acto de elección del gobernador del departamento de La Guajira toda vez que se acreditó la causal de inhabilidad alegada.
Para la Sala de Consulta, “vencimiento de los plazos previstos en la ley para el trámite de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, de ninguna manera conlleva la terminación del proceso ni la cancelación o el levantamiento de las medidas de protección o de restablecimiento adoptadas”. La Sala estudio aspectos generales sobre la protección y
La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió un concepto por medio del cual señala la “participación y las facultades de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (en adelante ADRES) en los procesos de liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (en adelante EPS)”.
El Salvamento de voto añadió que “el uso del arma oficial es insuficiente para definir si se actuó en cumplimiento de deberes del servicio y no justifica acudir a títulos objetivos de imputación, pues el monopolio del uso de la fuerza esencial al Estado y, por ende, no constituye en sí mismo un riesgo excepcional. Debe probarse que la entidad incurrió en una falla
“Se promovió una demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Superintendencia de Notariado y Registro, por los daños causados por la presunta omisión en el control y la vigilancia que debía adelantar dicha entidad, con el fin de impedir la creación de dos folios de matrícula inmobiliaria sobre un inmueble ubicado en
