El Ministerio de Minas proyecta delimitar el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva del Norte del Cauca, abarcando 82.781 hectáreas en los municipios de Suárez y Buenos Aires. Esta iniciativa busca transformar la economía regional mediante la formalización minera, la asociatividad y el fomento de sectores como el agrícola y el ecoturístico. Enmarcado en el Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto crea una Mesa de Trabajo Interinstitucional para diseñar un Plan Estratégico de Gestión a cuatro años. El enfoque prioriza la soberanía alimentaria, la sustentabilidad ambiental y la resolución de conflictos. Asimismo, se garantiza la consulta previa para comunidades étnicas durante la implementación del plan

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) decidió no emitir concepto de abogacía de la competencia sobre los Términos de Referencia de la Ronda Minera de Cobre, Oro y Polimetálicos al considerar que no constituyen un proyecto regulatorio con impacto estructural en el mercado. La entidad explicó que estos términos solo establecen reglas particulares para un proceso de selección específico y no fijan condiciones generales de acceso, permanencia o competencia en la actividad minera. Además, señaló que las disposiciones no corrigen fallas de mercado ni intervienen en la estructura competitiva, pues sus efectos se limitan a los adjudicatarios. Por ello, concluyó que no cumplen los supuestos legales para el análisis de abogacía de la competencia y cerró el trámite.

La Agencia Nacional de Minería (ANM) aclaró que la gestión de residuos de metales no ferrosos y el modelo de economía circular no hacen parte de sus competencias, pues su función principal es administrar los recursos minerales del subsuelo y supervisar los títulos mineros. Señaló que estas materias corresponden principalmente al Ministerio de Ambiente, que lidera la política de residuos y economía circular, apoyada en leyes y documentos CONPES. No obstante, la ANM afirmó que promueve prácticas sostenibles en minería y el reaprovechamiento de materiales, en línea con el principio de sostenibilidad del Código de Minas. No obstante, la ANM enfatizó su compromiso con la sostenibilidad del sector minero, promoviendo la optimización del uso de materiales y la reducción de pasivos ambientales, en línea con el principio de sostenibilidad del Código de Minas

La ANM explicó que la servidumbre minera es una limitación legal al derecho de propiedad que permite a los titulares de derechos mineros usar predios ajenos para desarrollar actividades de exploración y explotación, con indemnización al propietario afectado. Su naturaleza jurídica es la de una servidumbre legal, administrativa y forzosa, derivada directamente de la ley y vinculada al carácter estratégico del sector minero. La ANM recordó que la actividad minera ha sido declarada de utilidad pública e interés social por la Constitución y la ley, lo que justifica la imposición de servidumbres y, en casos extremos, la expropiación, siempre respetando el debido proceso y la compensación económica.

El Ministerio de Minas publicó un proyecto de norma para delimitar el Distrito Minero Especial para la Diversificación Productiva del Noroccidente Nariñense, abarcando Santa Bárbara de Iscuandé y El Charco en unas 371.982 hectáreas. Fundamentada en la Ley 2294 de 2023 y el Decreto 977 de 2024, la norma busca impulsar la diversificación productiva, la asociatividad de pequeños mineros, la formalización y la reconversión laboral. Sus objetivos incluyen promover la producción limpia, alternativas sostenibles, la solución concertada de conflictos y garantizar la soberanía alimentaria. Se establece una Mesa de Trabajo Interinstitucional y mesas temáticas para asegurar la participación comunitaria, con consulta previa para la aprobación de los Planes Estratégicos de Gestión, fomentando un desarrollo regional sostenible.