La CREG aclaró que la subasta "úselo o véndalo" de largo plazo, establecida por la Resolución CREG 185 de 2020, ya no es aplicable. Este mecanismo, diseñado para optimizar la capacidad de transporte no utilizada con productos anuales, quedó obsoleto tras la implementación de la Resolución CREG 102 015 de 2025 en junio, que introdujo una periodicidad trimestral para la negociación de contratos. Dado que los fundamentos de la subasta anterior estaban ligados a un mercado anual inexistente, el procedimiento actual no es compatible. La Comisión analiza ahora el diseño de un nuevo mecanismo de última instancia acorde con el esquema trimestral.

La CRA explicó que los aumentos en las tarifas del servicio de aseo responden a la aplicación de los marcos tarifarios vigentes, diseñados para garantizar la sostenibilidad financiera, la calidad del servicio y el cumplimiento de estándares ambientales. Señaló que las tarifas incorporan costos asociados a actividades como recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos, así como inversiones en infraestructura, actualización tecnológica y cumplimiento normativo. La Comisión aclaró que no fija tarifas individuales ni autoriza incrementos específicos, pues su función es regular de manera general mediante metodologías técnicas. La verificación de la correcta aplicación de las tarifas y la atención de reclamos corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mientras que los usuarios pueden acudir a los mecanismos de reclamación cuando consideren que un cobro no se ajusta a la regulación.

Un concepto jurídico reciente de la ANM reiteró que la terminación y liquidación de un contrato minero no extingue las obligaciones ambientales derivadas del proyecto. El documento precisa que, aun cuando los bienes utilizados reviertan al Estado, el antiguo titular sigue obligado a ejecutar las medidas de cierre, desmantelamiento y abandono que defina la autoridad ambiental. También aclara que dichas obligaciones aplican incluso si existen dificultades para perfeccionar la transferencia de los predios, pues la titularidad formal no condiciona el deber de reparar, restaurar o mitigar impactos. Además, señala que cuando un proyecto solo llegó a fase de exploración, el cierre exigido es técnico y ambiental, no propio de explotación, y no contraviene las normas de protección de ecosistemas estratégicos. El concepto resalta la coordinación entre autoridades para garantizar el cumplimiento efectivo de estas medidas.

El Ministerio de Minas publicó un proyecto de resolución para el transporte seguro de materiales radiactivos en el país. El objetivo es fijar requisitos y procedimientos claros para la autorización de estas actividades, alineándose con las normativas del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). La iniciativa busca salvaguardar a la población y el medio ambiente de los riesgos de la radiación, estableciendo exigencias técnicas y administrativas para transportistas. Esto incluye evaluaciones de seguridad, planes de protección física, programas de vigilancia radiológica y gestión de calidad. Un riguroso sistema de inspecciones regulatorias garantizará el cumplimiento continuo de este marco, buscando máxima transparencia y robustez en operaciones de alto riesgo.

El Ministerio de Ambiente publicó proyecto de resolución que actualiza los términos de referencia para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en la exploración de energía geotérmica en Colombia. La medida, que deroga la Resolución 0561 de 2022, busca integrar la evaluación de impactos del cambio climático, fortalecer la participación ciudadana y el acceso a la información, y armonizar la normativa con la regulación técnica del sector. Esta actualización responde a la evolución normativa y a decisiones judiciales recientes, como la Sentencia C-280 de 2024 de la Corte Constitucional, que exige la inclusión de la evaluación de impactos climáticos. El objetivo es asegurar un control ambiental más riguroso y promover el desarrollo sostenible de estas fuentes de energía renovable, en línea con la transición energética del país.