El Ministerio de Transporte adoptó una guía de obligatorio cumplimiento para prevenir el atropellamiento de fauna silvestre en las vías del país, problemática que combina impactos ambientales con riesgos para la seguridad vial. El documento, construido de manera participativa, fija responsabilidades claras y lineamientos técnicos para reducir la mortalidad de especies y orientar decisiones basadas en evidencia. La estrategia aborda de forma integral acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación, con prioridad en corredores ecológicos y zonas de alta biodiversidad. Entre las medidas previstas se incluyen la identificación de puntos críticos, la gestión de velocidades, la instalación de pasos de fauna funcionales y el reporte sistemático de incidentes. La guía articula a Instituto Nacional de Vías (Invías), concesionarios, autoridades ambientales, Policía y comunidades, con el objetivo de avanzar hacia una infraestructura vial más segura y ambientalmente sostenible.
El Ministerio de Minas publicó un proyecto de resolución para promover la medición prepago en el servicio público de energía eléctrica. La iniciativa busca mitigar el riesgo de cartera y asegurar la continuidad del suministro, enfocándose en usuarios del régimen transitorio especial en la región Caribe, donde persisten riesgos operativos y financieros. Las empresas podrán instalar medidores prepagos, a su costo, en escenarios como mora recurrente, conexiones no autorizadas, alto endeudamiento o para nuevos usuarios. Este mecanismo preventivo permite a los consumidores autogestionar su consumo y reduce la exposición de las empresas a deudas vencidas. La resolución también contempla la protección del usuario al incluir lineamientos para la reversibilidad a la modalidad pospago y exige informes periódicos a las prestadoras para evaluar el impacto de la medida. Su vigencia es transitoria, hasta la emisión de una regulación integral por parte de la CREG.
El Ministerio de Minas busca adoptar el Plan de Expansión de Transmisión 2025-2039, una iniciativa para garantizar la seguridad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Elaborado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) y evaluado por el Comité Asesor de Planeamiento de la Transmisión (CAPT), este plan estratégico busca atender el crecimiento de la demanda eléctrica y las necesidades operativas en regiones clave como el Caribe, Antioquia-Chocó, Oriental y Suroccidental. Incluye la ejecución de diez obras principales, entre ellas nuevas subestaciones, líneas de transmisión, transformadores, compensadores síncronos y reactores, con fechas de operación escalonadas hasta 2032.
El Ministerio de Ambiente emitió recientemente un concepto técnico-jurídico ante las consultas de la CAR sobre los desafíos en el monitoreo de ruido bajo la Resolución 0627 de 2006, especialmente en procedimientos de flagrancia. La dificultad surge por la manipulación de fuentes sonoras, la invasión del espacio público y la complejidad para cumplir los tiempos y métodos de medición (como medir "fuente encendida" y "fuente apagada") establecidos en la normativa durante intervenciones rápidas. La Ley 2450 de 2025 (Ley contra el Ruido) se destaca por fortalecer las competencias de las autoridades de policía. Ahora, pueden aplicar medidas correctivas por contaminación acústica derivada de actividades económicas sin necesidad de mediciones técnicas previas, si hay evidencia clara de afectación.
El Consejo de Estado revocó parcialmente el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño al concluir que el Ministerio de Educación sí está legitimado en la causa por pasiva y debe concurrir, en el marco de sus competencias, a superar la vulneración de derechos colectivos en la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de San Lorenzo (Nariño). La Sala confirmó que se acreditó el deterioro estructural de los cuatro bloques del plantel, con fisuras, grietas, humedades, inestabilidad del terreno, oxidación de estructuras y riesgo derivado de una quebrada cercana, lo que compromete la seguridad pública, la prevención de desastres previsibles, el acceso eficiente a los servicios públicos y condiciones ambientales adecuadas para la comunidad educativa. Aunque la obligación directa de mantenimiento y construcción recae en el Departamento y el Municipio, el alto tribunal enfatizó que el Ministerio, como cabeza del sector educativo y administrador del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), tiene funciones de dirección, coordinación, vigilancia y asistencia técnica y administrativa que lo obligan a colaborar activamente para materializar el proyecto de nueva infraestructura y garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos colectivos afectados.