El Gobierno dictó medidas excepcionales y transitorias destinadas a personas y comunidades del sector minero en ocho departamentos severamente impactados por un "frente frío" que generó inundaciones y parálisis productiva. Este paquete de ayuda busca proteger el mínimo vital de mineros de subsistencia, tradicionales y de pequeña escala, quienes enfrentan un alto riesgo de caer en la ilegalidad o perder sus medios de vida ante el incumplimiento de obligaciones. Las disposiciones incluyen la suspensión de intereses de plazo, el diferimiento o condonación del canon superficiario, facilidades especiales de pago y la prórroga extraordinaria de términos administrativos. La iniciativa, que excluye a la mediana y gran minería por su mayor capacidad de gestión, subraya la necesidad fáctica y jurídica de intervenir donde la legislación ordinaria es insuficiente, garantizando la proporcionalidad y el enfoque diferencial para sujetos vulnerables.

la SSPD aclaró que los subsidios para estrato 3 son posibles, pero dependen de decisiones municipales, de la disponibilidad de recursos y del respeto a los límites legales del esquema tarifario del sector. El concepto también señala que los municipios no pueden suspender ni exigir la devolución de subsidios ya otorgados durante una vigencia fiscal si estos fueron aprobados y financiados previamente, ya que ello podría afectar tanto a los prestadores como a los usuarios que recibieron el beneficio de buena fe. Asimismo, la SSPD indicó que la definición del porcentaje específico de subsidio corresponde a los concejos municipales, mediante acuerdos aprobados junto con la administración local. Estos actos tienen presunción de legalidad y deben aplicarse mientras no sean anulados o modificados por las autoridades competentes, pero siempre dentro de los límites establecidos por la ley y la regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA).

la UPME actualizó el factor de emisión basado en los datos y cálculos correspondientes al año 2024 para inventarios de GEI y proyectos de mitigación. La Entidad actualizó el factor de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) del Sistema Interconectado Nacional (SIN) para el año 2024. Esta actualización es fundamental para la elaboración precisa de inventarios de emisiones y para impulsar proyectos de mitigación de GEI en el país, incluyendo aquellos vinculados al Mecanismo de Desarrollo Limpio. La resolución establece factores específicos para diferentes tipos de proyectos, como eólicos, solares, y de eficiencia energética, así como para inventarios generales. Con esta acción, la UPME cumple con su mandato de fomentar el uso racional y eficiente de la energía y de alinear al sector energético con los compromisos nacionales e internacionales de cambio climático.

La UPME invita a presentar comentarios sobre un proyecto de resolución que redefinirá el procedimiento para las solicitudes de conexión de usuarios finales. Esta iniciativa busca unificar criterios basándose en la Resolución CREG 075 de 2021, modificada por la CREG 101 020 de 2023, y propone derogar las Resoluciones UPME 1041 de 2024 y 757 de 2025, prometiendo mayor eficiencia y claridad en el proceso. La Directora General de la UPME insta a la ciudadanía y al sector a revisar el documento, su memoria justificativa y el formulario dispuesto para las observaciones. Los comentarios deberán ser enviados al buzón Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. a más tardar el 12 de marzo de 2026, abriendo un espacio para la participación en la regulación energética del país.

El Gobierno expidió el decreto a través del cual dicta medidas extraordinarias para garantizar el acceso a agua potable y saneamiento básico en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Esta acción legislativa responde a la declaración de Emergencia Económica, Social y Ecológica por un "Frente Frío" que causó inundaciones masivas y daños severos a la infraestructura de servicios, poniendo en riesgo la salud pública de miles de familias. El Ministerio de Vivienda agilizará la estructuración y viabilización de proyectos, pudiendo redirigir rendimientos financieros. Se flexibiliza el uso de recursos del SGP-APSB para mantenimiento, esquemas alternos y programas de mínimo vital. Además, los subsidios para usuarios comunitarios de acueducto se elevan al 90% y se facilita la constitución de servidumbres gratuitas para obras críticas. Estas disposiciones buscan conjurar la crisis y asegurar la continuidad de los servicios hasta finales de 2026.