El Ministerio de Ambiente emitió recientemente un concepto técnico-jurídico ante las consultas de la CAR sobre los desafíos en el monitoreo de ruido bajo la Resolución 0627 de 2006, especialmente en procedimientos de flagrancia. La dificultad surge por la manipulación de fuentes sonoras, la invasión del espacio público y la complejidad para cumplir los tiempos y métodos de medición (como medir "fuente encendida" y "fuente apagada") establecidos en la normativa durante intervenciones rápidas. La Ley 2450 de 2025 (Ley contra el Ruido) se destaca por fortalecer las competencias de las autoridades de policía. Ahora, pueden aplicar medidas correctivas por contaminación acústica derivada de actividades económicas sin necesidad de mediciones técnicas previas, si hay evidencia clara de afectación.