El proyecto de resolución modifica la Resolución 551 de 2022 para actualizar y fortalecer el Modelo de Desarrollo Sostenible y el Plan de Manejo Ambiental del Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo. Su objetivo es garantizar una gestión ambiental coherente y participativa, incorporando al Alcalde de Cartagena y delegados comunitarios en el Comité Ambiental Interinstitucional, y clarificar competencias entre entidades como EPA Cartagena y CARDIQUE. Así se promueve la conservación, manejo sostenible y restauración de los ecosistemas marinos, asegurando la cooperación interinstitucional y la activa participación de las comunidades locales en la protección del área protegida.

 El Ministerio de Transporte aclaró que la autorización para la publicidad exterior en techos de taxis en Neiva corresponde a los alcaldes o autoridades locales delegadas, quienes regulan la instalación, ubicación y características de estos avisos, conforme a la reglamentación municipal, como el Decreto 0928 de 2009 en Neiva. La Ley 140 de 1994 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional asignan esta competencia a las autoridades territoriales, en defensa del patrimonio ecológico local. El Ministerio no puede emitir juicios sobre normas municipales, por lo que recomienda consultar directamente a la Alcaldía para detalles específicos. Además, el concepto emitido tiene carácter orientativo y no es obligatorio ni vinculante

El Ministerio de Ambiente precisó que cuando un uso de suelo no está definido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para el sector rural, no se autoriza automáticamente la realización de actividades antrópicas en esas áreas, ya que corresponde a la autoridad municipal certificar la viabilidad del uso. Para proyectos de gran impacto como inmobiliarios, hoteles o clubes vacacionales, aunque no requieran estudios de impacto ambiental específicos según el Decreto 1076 de 2015, deben contar con los permisos de las autoridades competentes. Además, las determinantes ambientales, que tienen jerarquía normativa según la Ley 388 de 1997, son de obligatorio cumplimiento y pueden motivar la suspensión de licencias de construcción si no se respetan. Finalmente, este concepto no es de obligatorio cumplimiento y se expide en respuesta a la consulta del ciudadano Cesar Augusto Macías Rodríguez

El Ministerio de Ambiente aclaró que la cesión de permisos de emisiones atmosféricas, tanto en la etapa de otorgamiento como durante la vigencia, debe comunicarse expresamente a la autoridad ambiental, acompañada de la documentación correspondiente. El cesionario asume todos los derechos y obligaciones, mientras el cedente mantiene responsabilidad por incumplimientos previos. Contrario a lo que podría pensarse, la cesión no genera efectos inmediatos con la sola comunicación, sino que requiere pronunciamiento expreso de la autoridad mediante acto administrativo en un término máximo de 30 días hábiles. Este procedimiento específico aplica para permisos dentro del marco de licencias ambientales, respetando la normativa vigente y el principio de legalidad establecido en el Decreto 1076 de 2015, garantizando el control y la responsabilidad ambiental en dichos procesos.

Colombia Compra aclaró que la liquidación de contratos estatales es un proceso que ajusta cuentas económicas, técnicas y jurídicas tras la culminación del contrato, regulado por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. Existen tres tipos de liquidación: bilateral, que debe realizarse en un término pactado o en su defecto dentro de cuatro meses; unilateral, a efectuarse en los dos meses siguientes tras no realizarse la bilateral; y judicial, que puede solicitarse hasta dos años después. La entidad estatal pierde competencia para liquidar solo una vez vencidos estos plazos legales. Además, un proceso sancionatorio pendiente no impide la liquidación, ya que esta puede adelantarse sin que el trámite sancionatorio sea obstáculo legal, garantizando así que los intereses públicos y la correcta disposición de recursos sean salvaguardados.