La Entidad publicó el documento de Análisis de impacto normativo sobre la integración del hidrógeno de bajas emisiones en la matriz energética nacional. Este análisis identifica antecedentes regulatorios y de mercado para facilitar el uso del hidrógeno en los servicios públicos domiciliarios de electricidad y gas combustible, además de sus aplicaciones directas. El documento fue aprobado en la sesión 1414 del 23 de octubre de 2025 y se abre un periodo de dos meses para que agentes y usuarios interesados envíen consultas y comentarios al correo oficial. La iniciativa busca impulsar un nuevo vector energético que contribuya a la transición hacia energías más limpias y sostenibles en Colombia

El Consejo de Estado analizó que la constitución de áreas metropolitanas, conforme al artículo 319 de la Constitución y la Ley 1625 de 2013, requiere consulta popular con dos condiciones objetivas: participación mínima del 5% del censo electoral y mayoría favorable en cada municipio participante. La aprobación no requiere unanimidad, sino que cada municipio apruebe individualmente. Tras la consulta, los alcaldes y concejos de los municipios aprobados deben protocolizar la conformación en notaría en 30 días. La asociación es voluntaria y respeta autonomía territorial, por lo que municipios que no aprueben quedan excluidos pero no invalidan la constitución con los que sí aprobaron.

El Consejo de Estado ratificó la vigencia del Decreto Ley 2375 de 1974, que creó la contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (FIC), al considerar que estas normas preconstitucionales permanecen vigentes bajo la Constitución de 1991, salvo que contradigan sus principios, lo cual no ocurre en este caso. Se establece que la base gravable presuntiva debe aplicarse cuando el empleador o contratista principal no pueda demostrar la cantidad mensual de trabajadores bajo su responsabilidad en la obra, liquidándose la contribución como un porcentaje del valor total de la obra o del contrato de mano de obra. Respecto a la responsabilidad en el pago, recae en el propietario en construcciones bajo administración delegada y en los contratistas principales con contratos a precio alzado o unitario; los contratistas independientes son los verdaderos empleadores responsables del FIC, y no existe solidaridad legal para imputar la obligación al contratante principal sin prueba de incumplimiento de los subcontratistas.

El Ministerio de Ambiente precisa que la confesión voluntaria de una infracción ambiental antes del inicio del proceso sancionatorio permite una reducción de hasta el 30% en la multa impuesta, según el Artículo 11 de la Ley 2387 de 2024. Esta confesión debe cumplir con los requisitos del artículo 191 del Código General del Proceso, es decir, debe ser expresa, consciente, libre y referirse a hechos conocidos por el confesante. Además, esta atenuación no aplica en casos de flagrancia. La confesión constituye un medio para mitigar la responsabilidad ambiental siempre que se haga oportunamente. 

El ICA presentó un proyecto de norma que establece nuevos requisitos para fabricantes, formuladores, envasadores, importadores y distribuidores de fertilizantes, acondicionadores de suelos y productos afines para uso agrícola y en jardinería. La resolución apunta a fortalecer el control y registro de estos productos, incluyendo la obligatoriedad de ensayos de eficacia agronómica bajo protocolos estrictos, asegurando así la calidad y seguridad en el mercado. Además, regula la importación de materias primas de origen animal y vegetal, exigiendo autorizaciones previas. La medida busca potenciar la competitividad del sector, proteger al consumidor y garantizar prácticas responsables en el manejo de insumos agrícolas, consolidando un marco normativo actualizado y riguroso en Colombia.