El Ministerio de Vivienda publicó una Guía para orientar la construcción sostenible, fortaleciendo el marco normativo e introduciendo potentes incentivos. Este documento busca impulsar edificaciones más eficientes en el uso de agua y energía, con mayor responsabilidad ambiental y mejor desempeño territorial. Entre los beneficios destacados se incluyen deducciones tributarias de hasta el 50% en el impuesto de renta para inversiones en eficiencia energética, exclusión del IVA (19%), depreciación acelerada de activos hasta del 33.3% anual y exención arancelaria para equipos. Las entidades financieras también se suman, ofreciendo tasas preferenciales (desde 6.5%) y líneas de crédito específicas, junto con la promoción de bonos verdes y crowdfunding. Además, se implementan incentivos administrativos como la reducción de trámites, programas de capacitación y descuentos en seguros de cumplimiento. La iniciativa invita a todos los actores a articular esfuerzos para posicionar a Colombia como referente en construcción sostenible en América Latina.

El DNP publicó una circular para fortalecer el seguimiento a la implementación de los Pactos Territoriales. Con el objetivo de garantizar el avance de inversiones estratégicas que consolidan el desarrollo regional y la Paz Total, la entidad insta a ministros, gobernadores, alcaldes y demás ejecutores a reportar mensualmente el estado físico y financiero de los proyectos. Esta medida, respaldada por la Ley 2294 de 2023, busca asegurar información actualizada y oportuna. Las entidades deberán designar un enlace antes del 17 de marzo de 2026 y remitir una matriz diligenciada, incluyendo un enfoque de género, a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. los primeros cinco días hábiles de cada mes. Una reunión con la Dirección General del DNP se programará para presentar los lineamientos.

El Ministerio de Transporte ratificó que el artículo 18 de la Ley 105 de 1993, referente a la creación de entidades autónomas para la infraestructura vial, se encuentra plenamente vigente en el ordenamiento jurídico colombiano. Este artículo habilitó a departamentos, distritos y municipios a constituir personas jurídicas con patrimonio propio, con o sin participación privada, para administrar carreteras nacionales y ejecutar obras de infraestructura. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto de 2006, precisó que estas entidades deben operar dentro de la jurisdicción de los entes territoriales que las conforman y que la selección de socios privados exige licitación o concurso público.

La Corte Constitucional amparó los derechos al debido proceso y a la igualdad del Distrito de Cali y del municipio de Yopal al concluir que la Consejo de Estado incurrió en un trato desigual injustificado frente a casos similares, al anular sus acuerdos que incrementaban la tarifa del ICA con base en el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021. La Corte evidenció que, en decisiones previas, la misma Sección había validado medidas análogas en otros territorios, sin una justificación suficiente para cambiar de criterio. Por ello, consideró vulnerados los principios de igualdad y confianza legítima, y revocó las sentencias cuestionadas.

La Corte Constitucional publicó recientemente el texto del auto mediante el cual suspendió de forma provisional el Decreto 1390 de 2025, que declaraba el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, mientras adopta una decisión de fondo sobre su constitucionalidad. Aunque la determinación fue adoptada el 29 de enero, solo hasta ahora se conoce el contenido íntegro del pronunciamiento, en el que el alto tribunal evalúa preliminarmente la validez de las medidas excepcionales del Gobierno y opta por frenar temporalmente sus efectos hasta realizar un análisis definitivo.