El ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la administración tiene carácter extraordinario, así cuando se ejercen dichas funciones por ésta, sus funcionarios están obligados a imitar el comportamiento de los jueces vinculados a la rama judicial, por lo que, actuando

Con relación a la extinción de dominio, en términos generales, “es un procedimiento legal, consistente en que previo el cumplimiento de las garantías del debido proceso, se declare la titularidad de los bienes a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para

Los usuarios del servicio público domiciliario de aseo, se clasifican para efectos de la facturación y cobro del mismo, tanto en razón del uso que se da al inmueble, como del volumen de residuos que se generen. En este sentido, la clasificación realizada por el Decreto Único

Conforme al numeral 3 del artículo 90 de la Ley 142 de 1994, los prestadores de los servicios públicos domiciliarios podrán cobrar el cargo por aportes de conexión al sistema o red de distribución existente, es decir, si estos representaron un costo real para el prestador, este

La suspensión del servicio de común acuerdo es procedente cuando lo solicita el suscriptor y usuario, no obstante, se materializará siempre que el prestador y los terceros que puedan ser afectados lo convengan. De conformidad con el artículo 2.7.1.3 de la Resolución CRA 943

Al ser personas jurídicas sin ánimo de lucro, el Decreto 092 de 2017, también le resulta aplicable en temas de contratación estatal, pues –en desarrollo del artículo 355 de la Constitución– el Gobierno Nacional expidió el mencionado decreto que dispone las reglas para las

Respecto de la reglamentación que efectuó el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015 al artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, resulta pertinente aclarar que este no limitó la naturaleza de “internacional” a los convenios y/o contratos que se financien con recursos de los

La función de advertencia fue introducida a nuestro ordenamiento jurídico a través del numeral 7 del artículo 5o Decreto Ley 267 del 2000, en el que se contemplaba que la Contraloría podía “advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que