El Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), estructuraron un riguroso proyecto normativo que adopta los nuevos términos de referencia (TdR-13) para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este instrumento técnico será obligatorio para todas las empresas que pretendan tramitar licencias ambientales globales o definitivas en actividades de explotación minera a mediana y gran escala en el país. El exhaustivo documento técnico unifica la metodología para identificar riesgos, exigir medidas de compensación biótica y evaluar la compatibilidad de los proyectos con el ordenamiento del territorio, optimizando el control del Estado sobre los grandes distritos mineros y blindando los ecosistemas estratégicos nacionales.

El Ministerio de Ambiente propone adoptar los nuevos términos de referencia en la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), un requisito indispensable para tramitar licencias ambientales globales o definitivas en la explotación de pequeña minería. La futura norma busca optimizar la evaluación y el control de los factores de deterioro ambiental en este renglón económico. El documento establece que el trámite de sustracción de reservas forestales nacionales se resolverá de manera conjunta con la licencia ambiental bajo un modelo de ventanilla única. Asimismo, fija un régimen de transición para proteger los trámites que ya iniciaron evaluación bajo la regla anterior y deroga la Resolución 590 de 2018.

El Ministerio de Agricultura creó el Incentivo Integral para la Gestión de Riesgos Agropecuarios (IIGRA). Esta nueva herramienta busca proteger la soberanía alimentaria y los ingresos de los productores, especialmente del campesinado, ante eventos climáticos adversos, plagas y fluctuaciones de precios. El subsidio cofinanciará pólizas de seguros y promoverá prácticas de adaptación al cambio climático, priorizando a pequeños productores, mujeres rurales y esquemas asociativos. Los recursos remanentes de vigencias anteriores se integrarán a este fondo. La norma deroga la regulación de 2024 para unificar la política de financiamiento y mitigación del sector.

El Gobierno modificó y adicionó el Decreto 1073 de 2015 para optimizar los recursos del Fondo de Energía Social (FOES). El nuevo marco normativo busca asegurar el servicio de energía eléctrica mediante soluciones de autogeneración sistémica e individual, priorizando áreas rurales, zonas de difícil acceso y barrios subnormales. La norma redefine el esquema de asignación de subsidios, establece criterios de eficiencia para los operadores y regula la fiscalización de los fondos públicos. Asimismo, determina que la propiedad de los activos financiados pertenecerá a la Nación, pero las alcaldías municipales recibirán de forma gratuita la infraestructura para garantizar la sostenibilidad energética comunitaria.

La CREG publicó un Proyecto de Resolución para recibir observaciones del sector y la ciudadanía. Esta iniciativa busca unificar, actualizar y simplificar las normas vigentes sobre los derechos y deberes de los usuarios de energía eléctrica, gas por red y GLP. El texto introduce reglas claras para la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), define la atención a autogeneradores y establece esquemas diferenciales de prestación, medición comunitaria y facturación flexible para zonas especiales o rurales de difícil acceso. Con esto, el ente regulador busca compilar en un solo estatuto las disposiciones dispersas y mejorar la relación entre empresas y clientes.

La CREG propuso adicionar la Resolución 101094 de 2025 para ampliar transitoriamente el plazo para que Proyectos con Obligaciones del sector energético presenten solicitudes de asignación de capacidad de transporte. Esta medida responde al retraso de la UPME en publicar procedimientos e información básica, afectando los tiempos previstos para radicar solicitudes. Con la adición, los interesados tendrán 30 días calendario tras la publicación de resultados de adjudicación para cumplir este requisito, garantizando seguridad jurídica y confianza. El proyecto está en consulta pública para recibir aportes antes de su aprobación final.

La ANM puso en operación la Plataforma de Trazabilidad de Minerales (PTM), una innovadora herramienta tecnológica que transforma el control del sector en Colombia. El nuevo sistema digital, activo desde el 19 de mayo, permite realizar un seguimiento estricto a las transacciones de minerales en toda la cadena, desde su origen en el subsuelo hasta la comercialización final. La ANM destacó que la iniciativa integra información estratégica para combatir la ilegalidad, optimizar el recaudo y proteger las regalías regionales. Con el respaldo del Gobierno, el ente rector aseguró que esta plataforma promueve la transparencia y beneficia directamente a los mineros formales, consolidando un modelo de explotación moderno, seguro y responsable.

 La SIC emitió un concepto de abogacía de la competencia sobre el proyecto de decreto del Ministerio de Vivienda. El organismo técnico avaló las medidas regulatorias que buscan unificar el tope de la Vivienda de Interes Social (VIS) en 135 salarios mínimos, eliminando el régimen excepcional de 150 salarios mínimos en aglomeraciones urbanas. La SIC destacó como un avance clave para la transparencia que los precios de los inmuebles se tasen obligatoriamente en pesos colombianos desde la preventa y no en salarios mínimos , eliminando así la incertidumbre financiera para los hogares vulnerables. Adicionalmente, el ente asumirá facultades de inspección y vigilancia para asegurar la protección al consumidor.