El Ministerio de Ambiente modificó el parágrafo 1 del artículo 6 de la Resolución 1491 de 2025, extendiendo de seis (6) a dieciocho (18) meses el plazo para que las autoridades municipales o distritales delimiten y publiquen las Áreas de Vida, espacios clave para la restauración ecológica en Colombia según la Ley 2173 de 2021. La decisión responde a la complejidad técnica del proceso, que requiere articulación interinstitucional, recopilación y validación de información geográfica y validación de tenencia de la tierra. Además, se consideraron numerosas solicitudes y observaciones ciudadanas que demandaban un plazo mayor para garantizar calidad, seguridad jurídica y eficacia en la implementación. Durante este período, las autoridades locales deben reportar avances periódicos a las entidades ambientales, que a su vez informarán al Ministerio. La ampliación busca facilitar la ejecución técnica y administrativa del proceso, sin modificar el contenido sustantivo de la norma, y condiciona la obligación de siembra o plantación a la existencia previa de Áreas de Vida delimitadas y publicadas, permitiendo una mejor planificación y cumplimiento de la Ley.

 El Ministerio de Ambiente precisó que la suspensión del proceso sancionatorio ambiental procede cuando el infractor presenta medidas técnica y materialmente viables para corregir o compensar el daño ambiental, sin que sea obligatorio que la corrección se realice en el área impactada. La figura de compensación garantiza la reparación cuando la restauración directa no es posible por restricciones territoriales o usos legales del suelo. Las medidas deben asegurar equivalencia ambiental, ser verificables, contar con garantía de cumplimiento y estar coordinadas interinstitucionalmente. Se previene que la compensación sea más económica que el cumplimiento oportuno para evitar incentivos a la ilegalidad.

La CGR precisó que las sociedades portuarias en concesión están sometidas a control fiscal solo en la medida en que administren recursos públicos, no sobre la totalidad de su actividad empresarial. En particular, la vigilancia se limita a la participación estatal en el capital (acciones, aportes y dividendos), conforme a la Ley 42 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Indicó que los ingresos derivados de la operación portuaria, como las tarifas, son recursos propios de la sociedad, aun cuando incluyan componentes como la depreciación de bienes públicos, pues no ingresan al patrimonio estatal ni pierden su naturaleza privada. En consecuencia, el control fiscal no se extiende a toda la gestión del concesionario, sino que se circunscribe a la protección del patrimonio público involucrado, respetando la autonomía empresarial.

El Ministerio de Vivienda busca reglamentar los Planes de Ordenamiento Departamental (POD) como instrumentos de planificación supramunicipal con un fuerte enfoque ambiental. La propuesta prioriza la protección de ecosistemas, la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático como ejes estructurantes del ordenamiento territorial, integrando determinantes ambientales en todas las decisiones. Además, promueve el uso sostenible del suelo, la conservación de servicios ecosistémicos y el ordenamiento alrededor del agua. El modelo incorpora análisis biofísicos, cartografía ambiental y coordinación con autoridades ambientales, garantizando que la planificación territorial responda a criterios de sostenibilidad, resiliencia y prevención de impactos ambientales.

El Ministerio de Transporte reguló el registro inicial de vehículos de carga nuevos (entre 3.500 y 10.500 kg) y volquetas. La norma establece que el ingreso podrá realizarse mediante reposición (por desintegración, pérdida total o hurto) o pagando el 25% del valor comercial del vehículo antes de IVA, recursos destinados al fondo FOPAT para modernización tecnológica. Además, se habilita por un año el cambio de servicio de particular a público para grúas, volquetas y otros vehículos de carga, siempre que estuvieran activos al 21 de septiembre de 2025 y cumplan con requisitos de SOAT y revisión técnico-mecánica. Estos trámites se gestionarán a través del sistema RUNT.