La Entidad unificó, compiló y actualizó la regulación del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), con el fin de mejorar la trazabilidad, transparencia y control en el transporte público terrestre automotor de carga. Esta norma consolida en un solo acto administrativo las disposiciones vigentes, adaptándolas a las recientes modificaciones del Decreto 1017 de 2025, y establece criterios técnicos, metodologías y plazos para el reporte de información por parte de generadores de carga, empresas de transporte y propietarios de vehículos. Asimismo, fortalece la seguridad jurídica, facilita el cumplimiento normativo y promueve la eficiencia y calidad del servicio en todo el territorio nacional. Además, contempla mecanismos de contingencia para asegurar la continuidad del registro ante fallas tecnológicas, contribuyendo a la optimización logística del país.

El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de norma que define 16 indicadores para el seguimiento, monitoreo y reporte del estado de la calidad ambiental urbana en todo el país. Esta iniciativa, basada en el marco constitucional y legal vigente, busca fortalecer la gestión ambiental en ciudades y áreas metropolitanas, promoviendo la protección del aire, agua, espacios verdes, manejo adecuado de residuos, consumo responsable de agua y energía, y control del ruido ambiental, entre otros aspectos. Se obliga a autoridades ambientales y entidades territoriales a reportar la información anualmente para facilitar la toma de decisiones y fomentar la sostenibilidad urbana, incorporando el Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU) dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental. Además, se prevé la publicación de informes regionales y nacionales para garantizar la transparencia y el acceso público a datos actualizados sobre el estado ambiental de las zonas urbanas del país

El DNP impartió lineamientos para la migración de proyectos de inversión pública desde el SUIFP hacia la nueva Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), que entrará en operación el 1 de julio de 2026. La entidad fijó plazos para depurar, ajustar y validar la información antes del traslado, el cual se realizará entre el 26 y el 30 de junio, con una segunda fase en agosto para casos especiales. Asimismo, estableció que las entidades deberán verificar la consistencia de los datos migrados, reportar inconsistencias y continuar en la PIIP la formulación, gestión y seguimiento de proyectos. El DNP también brindará asistencia técnica, capacitación y mecanismos de soporte para garantizar la transición y la continuidad del servicio.

La ANM busca modificar la resolución que regula la declaración y delimitación de Áreas de Reserva Especial destinadas a estudios geológico-mineros y proyectos de minería. La modificación busca atender problemáticas detectadas en comunidades mineras, como la falta de articulación, incumplimientos individuales y conflictos internos que dificultan la formalización colectiva. Se adecuará el marco normativo para que el seguimiento y la verificación de obligaciones reconozcan la dinámica interna y las responsabilidades individuales de los integrantes, facilitando la exclusión o suspensión en caso de incumplimientos.

La ANLA precisó que cualquier persona natural o jurídica puede intervenir como tercero interesado en actuaciones administrativas no sancionatorias relacionadas con seguimiento, control y verificación de licencias ambientales y permisos, sin necesidad de acreditar interés particular, según el artículo 69 de la Ley 99 de 1993. La ANLA, en línea con principios constitucionales y la Circular 000006-7 de 2024, garantiza el derecho a participar durante toda la etapa de ejecución del proyecto, permitiendo solicitar pruebas, presentar observaciones técnicas, acceder al expediente, pedir visitas y controvertir informes. El reconocimiento formal requiere presentar una petición con identificación y datos específicos del trámite, que será evaluada caso a caso. Esta participación promueve la transparencia y el derecho a un ambiente sano como bien colectivo.