El Ministerio de Agricultura proyecta declarar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en Tabio, Cundinamarca, con el propósito de conservar suelos rurales aptos para la agricultura y ganadería sostenible, enfrentando la presión de la suburbanización y el cambio de uso del suelo. Esta iniciativa fortalece la resiliencia frente al cambio climático mediante la protección y rehabilitación de recursos naturales esenciales —suelo, agua y biodiversidad—, en línea con compromisos nacionales e internacionales. Además, promueve la seguridad alimentaria regional, conserva el patrimonio ecológico y garantiza que las actividades productivas agropecuarias se mantengan estables y duraderas, favoreciendo el equilibrio ambiental y el bienestar rural.

El Consejo de Estado analizó un caso derivado de la licitación pública adelantada por el Distrito de Barranquilla para la rehabilitación de mercados, en la que el Consorcio San Nicolás, pese a ocupar el primer lugar, fue excluido y no resultó adjudicatario. La Sala precisó, en primer lugar, que la legitimación en la causa para demandar la nulidad del acto de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato recae en los oferentes que participaron en el proceso de selección, pues tienen un interés directo al considerar que fueron privados injustamente de la adjudicación. Esto incluye la posibilidad de reclamar perjuicios si demuestran que su oferta era la más favorable. En cuanto a la subsanabilidad de la oferta, el Consejo de Estado explicó su desarrollo normativo a partir del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, según el cual pueden corregirse requisitos o documentos que no incidan en la comparación de las propuestas ni en la asignación de puntaje. Este criterio se articula con los principios de selección objetiva y prevalencia del derecho sustancial.

El proyecto de decreto reglamenta las salvaguardas sociales y ambientales para iniciativas de mitigación en el sector USCUSS. Busca garantizar el respeto a los derechos territoriales, autonomía y gobierno propio de pueblos étnicos y campesinos. Define requisitos para el registro en RENARE, exigiendo consulta previa y consentimiento libre e informado según proceda. Establece que la titularidad pertenece a las comunidades, limitando a los aliados técnicos a roles de apoyo sin transferir derechos de propiedad. Implementa el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) para monitorear, reportar y verificar el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en todas las fases del proyecto.

El Gobierno publicó un proyecto de decreto para crear el Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el instrumento INPIMHEL. Estas medidas buscan potenciar la industria nacional mediante aranceles del 0% para componentes desarmados (CKD y SKD) y equipos técnicos iniciales. El proyecto prioriza la descarbonización al facilitar la instalación de plantas de manufactura avanzada en el país. Para acceder a los beneficios, las empresas deben garantizar un 70% de mano de obra nacional e integrar progresivamente componentes locales desde 2027. El Ministerio de Comercio administrará este marco para atraer inversión estratégica y fortalecer la competitividad en movilidad limpia.

El Ministerio de Transporte precisó que no existen diferencias legales, procedimentales ni efectos jurídicos distintos entre los trámites de tránsito denominados virtuales o digitales. Mientras la modalidad virtual se define como la gestión no presencial a través de plataformas electrónicas, lo digital representa un nivel superior de implementación técnica enfocado en la desmaterialización documental y la interoperabilidad entre entidades. Ambas modalidades buscan simplificar la relación del ciudadano con el Estado, eliminando la exigencia de documentos físicos que ya posean las autoridades. La entidad subrayó que los organismos de tránsito no pueden imponer requisitos adicionales a los establecidos legalmente, garantizando eficiencia y seguridad en el acceso a los servicios.