El Ministerio de Ambiente publicó un proyecto de decreto para aclarar el acceso a recursos genéticos. La medida modifica los artículos 2.2.2.8.1.2 y 2.2.2.9.1.4 del Decreto 1076 de 2015, y corrige un yerro formal en su Título 1. El objetivo principal es disipar la confusión de investigadores al definir con exactitud cuándo ciertas actividades de investigación científica no comercial, como la sistemática molecular, ecología molecular, evolución y biogeografía, no configuran acceso a recursos genéticos, eximiéndolas de la obligatoriedad de suscribir contratos de acceso. No obstante, si estas mismas actividades se realizan con fines de bioprospección, comerciales o industriales, requerirán autorización previa mediante un contrato. Además, la norma establece que el Ministerio podrá otorgar el permiso de recolección de especímenes silvestres junto con el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos.
El Ministerio del Medio Ambiente publicó para consulta ciudadana para el Plan de Ejecución y Seguimiento 2026 del "Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)". Este proceso busca la participación activa de la ciudadanía en la revisión y fortalecimiento de la planificación de la dependencia. La Oficina Asesora de Planeación coordina la iniciativa, la cual estará disponible desde el 29 de enero hasta el 14 de febrero de 2026. Los interesados pueden acceder al documento de soporte, que se encuentra en un archivo Excel (DS-E-SIG-39_V1.xlsx), y dirigir sus comentarios a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., buscando asegurar la transparencia y la ética en la gestión ambiental del Ministerio.
El Ministerio de Ambiente impulsa un proyecto de resolución para la Sabana de Bogotá. La iniciativa establece directrices de ordenamiento ambiental, declarando la región de interés ecológico nacional con prioridad agropecuaria y forestal. Estas normas, de superior jerarquía, buscan proteger su rica biodiversidad y ecosistemas clave como páramos y humedales. Orientan a autoridades y actores privados a planificar el territorio, gestionando los recursos hídricos de forma sostenible, garantizando la integridad ecológica y la adaptación al cambio climático. Es un llamado a la acción coordinada para salvaguardar el patrimonio natural para las futuras generaciones.
Esta Cartera Ministerial abrió una consulta pública para definir la Hoja de Ruta que implementará el Acuerdo de Escazú en Colombia. Este esfuerzo busca fortalecer la democracia ambiental y garantizar los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental, poniendo especial énfasis en la protección de quienes defienden el territorio y el ambiente. La iniciativa, abierta a la ciudadanía, comunidades y organizaciones hasta mediados de febrero, propone acciones concretas para la protección integral de defensores, un acceso efectivo a la justicia ambiental y la promoción de una participación incidente e informada. La ruta, elaborada interinstitucionalmente, será implementada por una futura Comisión Intersectorial.
El Ministerio de Ambiente impulsa una nueva resolución para el ordenamiento ambiental participativo del área de reserva forestal del Cocuy. Este proyecto busca armonizar la imperativa conservación ecológica con los derechos y medios de vida de las comunidades campesinas, reconociéndolas como sujetos de especial protección. La iniciativa, que derogaría la Resolución 1275 de 2014, enfatiza la participación ciudadana y la agroecología, articulando criterios biofísicos, socioeconómicos y culturales. Su objetivo es garantizar un desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y la protección de ecosistemas estratégicos, atendiendo a las tensiones históricas entre la normativa ambiental y las actividades productivas tradicionales en la región.
El Ministerio de Ambiente se prepara para adoptar una resolución crucial que establecerá los términos de referencia para el Estudio de Impacto Ambiental. Esta medida será indispensable para la tramitación de licencias ambientales de proyectos relacionados con el tratamiento térmico sin combustión de residuos con riesgo biológico o infeccioso, así como para la disposición de desechos peligrosos en rellenos o celdas de seguridad. La iniciativa busca armonizar los lineamientos para estos estudios a nivel nacional, asegurando que las evaluaciones sean consistentes y rigurosas. El objetivo principal es proteger las riquezas naturales del país y garantizar un ambiente sano, previniendo el deterioro ambiental. Las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de grandes centros urbanos serán las encargadas de aplicar estos nuevos criterios. Se contempla un régimen de transición para los proyectos que ya hayan iniciado su proceso o lo hagan en un plazo determinado.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha lanzado una resolución que establece nuevos Términos de Referencia (TdR) para el Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) en proyectos puntuales de infraestructura de transporte, específicamente puertos y aeropuertos. Esta normativa busca actualizar y adaptar las directrices a los cambios legales y las particularidades del sector, reemplazando la Resolución 1255 de 2006 para este tipo de obras.
El Ministerio de Ambiente impulsa una resolución para declarar el Páramo Almorzadero, en Santander y Norte de Santander, como zona de reserva de recursos naturales renovables de carácter temporal. Esta medida precautoria busca proteger urgentemente este ecosistema vital de alta montaña, crucial para la provisión de agua y la biodiversidad, mientras se avanza en un nuevo proceso participativo de delimitación, requerido tras la anulación de una normativa anterior por insuficiencia en la consulta. La iniciativa se fundamenta en la protección constitucional del ambiente y el principio de precaución, con el fin de salvaguardar las riquezas naturales, asegurar un desarrollo sostenible y restaurar la confianza de las comunidades en la gestión ambiental.
El Ministerio de Ambiente busca actualizar los términos de referencia para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en proyectos de construcción y operación de rellenos sanitarios. Esta normativa derogaría la Resolución 1274 de 2006, integrando disposiciones recientes del Decreto 1076 de 2015, la Ley 2169 de 2021 sobre cambio climático, y la sentencia C-280 de 2024 de la Corte Constitucional. Los nuevos lineamientos exigen adaptar los estudios a cada proyecto, permiten flexibilidad en la información justificada y salvaguardan las perspectivas culturales étnicas, marcando un paso firme hacia el desarrollo sostenible.
El Ministerio de Ambiente busca adoptar los nuevos términos de referencia para los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos de explotación de energía geotérmica. Esta resolución busca regular y facilitar el proceso de licenciamiento ambiental, garantizando la protección de los recursos naturales y el medio ambiente en línea con los objetivos de cambio climático y la diversificación de la matriz energética nacional. Los solicitantes deberán usar estas directrices, con flexibilidad para justificar la inclusión o exclusión de información relevante, mientras la autoridad ambiental conserva la facultad de solicitar datos adicionales. La normativa también establece un régimen de transición para proyectos que ya hayan avanzado con sus EIA bajo criterios anteriores.