Corte Constitucional (2125)
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En la providencia la Corte examinó el alcance del condicionamiento establecido por esta Corporación en la Sentencia C-239 de 1997, al Artículo 326 del Decreto Ley 100 de 1980, que establecía el mismo tipo penal (homicidio por piedad). “Al respecto, señaló que este condicionamiento integra el tipo penal, y, en consecuencia, aunque no existe cosa juzgada formal, sí podría
Lo anterior, “en la medida en que, por un lado, existen diferencias entre los dos conjuntos de personas que son significativas en función de la materia que se está regulando, y por otro, la decisión legislativa atiende a fines importantes, que busca resolver de manera especializada sustrayendo del régimen de insolvencia a aquellos sujetos que no se avienen a las condiciones previstas para el mismo”.
La anterior decisión, siempre que se haga dentro de los cuatro meses siguientes a su notificación. “La Corte concluyó que, con la expedición de dichas normas, el legislador no extralimitó su libertad de configuración normativa y consideró que dichas disposiciones se ajustan a la naturaleza de la acción de grupo que es esencialmente de carácter indemnizatorio de los perjuicios
Teto de la sentencia que declaró exequible la expresión “o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión” contenida en los artículos 43.1 y 95.1 de la Ley 136 de 1994, y 30.1, 33.1, 37.1 y 40.1 de la Ley 617 de 2000. Entre otras, la sala determinó que la inhabilidad por
La Fundación los Azahares recurrió a la acción de tutela con el fin de que se amparen los derechos fundamentales al agua de los habitantes del río Bugalagrande, así como los derechos al medio ambiente sano de las generaciones futuras, en la medida en que la explotación minera que se ha venido realizando en el río Bugalagrande por parte de la empresa Proyectos de
“Por interpretar la ley modificando el alcance material de las normas interpretadas relacionadas con el régimen de inhabilidades para elegir diputados a las asambleas departamentales, desconociendo la prohibición del artículo 299 de la Constitución, por unanimidad, la corte declaró la inconstitucionalidad del parágrafo del artículo 6 de la ley 1871 de 2017, relacionado con inhabilidades de diputados”.
“Al considerar no solo que los postulados son compatibles con los mandatos constitucionales sino que, además, constituyen valiosas herramientas que potencializan y promueven la materialización de diversos principios y derechos constitucionales que se relacionan con la protección, igualdad, dignidad y los derechos de los adultos mayores”, la Corte declaró la
Este tenía como propósito introducir funcionalidades tecnológicas al sistema electrónico de contratación pública (SECOP). “Esa imposición desconocía la autonomía de los entes territoriales para administrar sus recursos “.
El pronunciamiento fue hecho al estudiar una tutela que presentó un ciudadano, debido a que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Porvenir S.A., lo bloqueó en el sistema pensional después de recibir la devolución de saldos que reclamó al sufrir un accidente que le ocasionó una pérdida de capacidad laboral del 52.45% en el 2011, puesto que no reunía
La Corte Constitucional advirtió que las expresiones “por un período de tres (3) años de duración” y “por el término de tres (3) años” previstas en los artículos 1 y 24 del Decreto Ley 588 de 2017, se refieren a un período de funcionamiento efectivo, el cual, por efecto de las medidas de aislamiento y distanciamiento social adoptadas para contener la pandemia por la Covid-19, va