La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Electrohuila con siete mil millones de pesos por instaurar un sistema anticompetitivo en sus procesos de contratación. La empresa impuso dos condiciones restrictivas: primero, el cobro de un "derecho a participar" equivalente al 0.1 % del presupuesto oficial, lo que desincentivó la participación de oferentes; segundo, prohibió la presentación de ofertas mediante uniones temporales o consorcios, limitando alianzas estratégicas y restringiendo la libre competencia. Estas barreras injustificadas afectaron 55 procesos de invitación pública, vulnerando los principios de igualdad, economía y eficacia de la función administrativa. Tras la investigación, Electrohuila eliminó estas restricciones, lo que redujo la sanción impuesta.