Colombia Compra explicó que en la contratación estatal el pago anticipado y el anticipo son figuras jurídicas distintas. El pago anticipado es un desembolso efectivo que se integra al patrimonio del contratista como retribución parcial del contrato, sin posibilidad de amortización. En cambio, el anticipo es un adelanto de recursos públicos destinado a apoyar financieramente la ejecución del contrato y debe ser amortizado conforme al avance de la obra. La ley 80 de 1993 permite pactar ambos mecanismos, pero el monto no puede exceder el 50 % del contrato. La entidad solo puede pagar nuevas cuotas si el avance supera lo anticipado en pago anticipado. Esta diferenciación es crucial para la correcta gestión y control en las entidades estatales.

La Contraloría General de la República precisó que el artículo 15 de la Ley 1369 de 2009 constituye una fuente de criterio válida, objetiva y jurídicamente obligatoria para la auditoría, al tratarse de una norma legal expresa que fija el “deber ser” en la contratación de servicios de correo por parte de entidades públicas. Según el concepto, esta disposición establece un régimen de exclusividad (área de reserva) en favor del Operador Postal Oficial, lo que la convierte en parámetro normativo verificable dentro del control fiscal. La CGR explica que, en auditoría, los criterios deben provenir de normas vinculantes que permitan comparar la conducta observada con un estándar jurídico claro. En este caso, la ley -reforzada por normativa concordante sobre servicios postales electrónicos- define de forma imperativa que servicios como el correo electrónico certificado hacen parte del servicio postal y deben contratarse con el operador autorizado

Colombia Compra Eficiente señaló que, si un contrato requería desde su origen la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) y esta fue omitida, la entidad puede evaluar su exigencia posterior mediante un otrosí de prórroga, como mecanismo de subsanación, en cumplimiento del deber de cubrir los riesgos del contrato y proteger el patrimonio público. No obstante, esta decisión debe analizarse en cada caso y la garantía solo cubriría el periodo restante, sin efectos retroactivos. Si la subsanación no es viable, la entidad podría optar por la liquidación del contrato por imposibilidad jurídica de continuar su ejecución sin la cobertura exigida. En tal evento, la celebración de un nuevo contrato para ejecutar el saldo no configura fraccionamiento, siempre que la terminación esté debidamente justificada.

La CGR indicó que la responsabilidad fiscal en las Empresas de Servicios Públicos se determina con base en tres elementos: una conducta dolosa o gravemente culposa de quien ejerce gestión fiscal, un daño al patrimonio público y un nexo causal entre ambos. Esta responsabilidad tiene carácter resarcitorio, orientado a reparar el detrimento causado al Estado. Precisó que pueden ser responsables tanto servidores públicos como particulares, siempre que actúen como gestores fiscales, es decir, que tengan capacidad decisoria sobre bienes o recursos públicos en virtud de una habilitación legal, administrativa o contractual. En consecuencia, no importa la naturaleza pública o privada del sujeto, sino su intervención en la gestión fiscal y su participación en el daño patrimonial, siendo estos los llamados a responder.

La CGR precisó que las sociedades portuarias en concesión están sometidas a control fiscal solo en la medida en que administren recursos públicos, no sobre la totalidad de su actividad empresarial. En particular, la vigilancia se limita a la participación estatal en el capital (acciones, aportes y dividendos), conforme a la Ley 42 de 1993 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Indicó que los ingresos derivados de la operación portuaria, como las tarifas, son recursos propios de la sociedad, aun cuando incluyan componentes como la depreciación de bienes públicos, pues no ingresan al patrimonio estatal ni pierden su naturaleza privada. En consecuencia, el control fiscal no se extiende a toda la gestión del concesionario, sino que se circunscribe a la protección del patrimonio público involucrado, respetando la autonomía empresarial.